Por Carlos A. Mendoza, CABI

El Ministerio de Gobernación (MINGOB) ha creado legalmente el “Observatorio Nacional de Muertes Violentas” que será supervisado por su Tercer Viceministerio. Como objetivo principal del mismo se estableció lo siguiente: “Analizar el comportamiento de las muertes violentas con la finalidad de incidir en la formulación de políticas públicas para la reducción de este flagelo y generar acciones encaminadas a la reducción de muertes violentas, promoviendo días de veinticuatro horas con cero muertes violentas en el marco de una cultura de prevención de la violencia homicida.” De allí que se le denominará “Observatorio 24-0”.

En principio, es positivo que el MINGOB cuente con su propio observatorio de la violencia homicida con énfasis en el análisis de la data que ya generan sus diversas dependencias, especialmente la Policía Nacional Civil. Sin duda será una herramienta útil para la toma de decisiones del Ministro y su equipo de trabajo, lo cual complementará lo que ya se hace en el Centro de Coordinación de Información Interinstitucional (CECOIN) del mismo ministerio.

Algo que no entiendo es por qué utilizan el verbo “incidir” pues siendo un espacio más dentro del MINGOB debería orientar o informar la formulación de políticas. La incidencia, generalmente, se deja para organizaciones fuera del Estado, las cuales intentan influenciar a los tomadores de decisiones. Por otro lado, no se limitará a analizar sino que también pretende impulsar iniciativas de prevención. Aquí lo importante es que dichas acciones estén respaldadas por la evidencia empírica, por el dato, la información y el análisis. Lo que recomiende el Observatorio debería estar basado en el estudio previo de lo que funciona y también de lo que no sirve, para no caer en errores como el sesgo en la selección de la variable dependiente –muy común en “las experiencias exitosas” que promueven algunos organismos internacionales y agencias de cooperación.

Al Observatorio se le atribuyen 12 funciones. Varias de ellas se pueden agrupar de tal manera que se visualizan dos importantes:

1. Generación de indicadores y el análisis de los mismos, es decir, convertir data bruta en información útil para la toma de decisiones. En el Acuerdo de creación se habla de diseñar mapas, hacer bases de datos, llevar registros y tipologías, y elaborar informes con estadísticas “reales”.

2. Proyección social en forma de concientización sobre la importancia de denunciar delitos, sobre la prevención de la violencia, sobre la necesidad de compartir y publicar información.

La redacción de estas funciones denota que no se pensaron con cuidado y dan lugar a mal interpretaciones. Por ejemplo: muchas de las funciones asignadas ya se realizan por parte de otras dependencias del MINGOB, pero el problema es que no se hacen públicas de oficio sus estadísticas. Quienes damos seguimiento al fenómeno de la violencia siempre debemos acudir a procedimientos burocráticos para acceder a la data, que luego se recibe con un rezago de 8 a 10 días hábiles. Lo que no me consta es que el MINGOB tenga la capacidad de convertir la data en información y de analizarla apropiadamente. Por otro lado, eso de “generar estadísticas reales” da lugar a pensar que las estadísticas que nos provee actualmente la PNC no lo son (¡?).

En una de las funciones se dice que el Observatorio debe analizar “la información generada por los medios de comunicación”. Esto me parece equivocado, por no decir absurdo, pues se ha demostrado que los hechos de violencia presentados por los MCS no son un buen indicador de la realidad. En el pasado se ha criticado fuertemente a quienes han basado sus análisis en el conteo de casos reportados por los medios. Aquí el sub-registro es mucho mayor y las variaciones simplemente reflejan decisiones editoriales. Lo que debía haber contemplado el Acuerdo es que el Observatorio realizara periódicamente encuestas de victimización para determinar la diferencia entre los registros (lo denunciado) y la realidad, para de esta manera cerrar la brecha entre dicha realidad y la percepción sobre la (in)seguridad.

Es preocupante que en el arranque se mencione a los MCS como fuente y no a los demás actores relevantes en la producción de estadísticas sobre la violencia en el país, a saber: INACIF, MP, OJ, MSPAS, INE, IGSS, y cuerpos de socorro, entre otros. En la experiencia de El Salvador, el primer paso para dar transparencia y credibilidad a las estadísticas de violencia homicida fue un acuerdo interinstitucional entre la PNC y Medicina Legal (el INACIF de allá) para la creación de una mesa donde se cotejan las cifras, se depuran y luego se publican periódicamente de manera unificada para el conocimiento de la población. De esta manera se evitó el infructuoso debate sobre cuál es la cifra real, como pasa en Guatemala, ya que se reconoce que tienen distintas metodologías y definiciones (necropsias no son lo mismo que homicidios).

También preocupa que en el Acuerdo no quede claro a quiénes se invitará a participar en el Observatorio, ni bajo qué criterios se hará. ¿Será otro espacio para el modelo corporativista que caracteriza a Guatemala? ¿Tendrán un perfil académico o más bien de activismo? Además, no se explicita la estructura organizativa del Observatorio, pues únicamente se menciona a un coordinador del mismo, ni se dice cuánto presupuesto necesitará para cumplir con las funciones encomendadas.

Otro punto que genera escepticismo sobre la función del Observatorio es la cláusula de reserva de información que se subraya en el artículo 5 del Acuerdo de creación, pues se habla de “salvaguardar la confidencialidad de la misma”. Se supone que el principal objetivo de un Observatorio es transparentar lo que está pasando en la realidad. Sin transparencia no hay credibilidad, y sin credibilidad se reducen las posibilidades del éxito de una iniciativa como esta.

Lo más importante que deberían comprender las autoridades del MINGOB es que este Observatorio no les resolverá el problema de la credibilidad sobre las cifras de violencia y su tendencia favorable. Sigue siendo necesario el establecimiento de un Observatorio independiente, de sociedad civil, que goce de la credibilidad de la opinión pública a la hora de fiscalizar el trabajo y evaluar los resultados de las políticas de seguridad ciudadana. Debe ser una organización sin sesgo ideológico, pero sí con inclinación académica, que tenga las capacidades técnicas para profundizar en las causas de la violencia homicida, y el comportamiento criminal en general. Además, debe ser capaz de recomendar acciones de política pública con base en evidencia. Finalmente, requiere de un adecuado financiamiento para contar con profesionales expertos en la materia y ser sostenible en el largo plazo.

Descargar Acuerdo Ministerial 28-2012 publicado en el Diario Oficial JPG format (43)