por Carlos A. Mendoza, CABI
<< Todo funcionario público al tomar posesión de su cargo prestará la siguiente promesa de ley: "Prometo ser fiel a la República, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes">> Artículo 322 de la Constitución Política de Honduras.
Me llama la atención que la Constitución hondureña tipifique como delito de “Traición a la Patria” la violación a tres artículos de la misma. Primero, “La suplantación de la Soberanía Popular y la usurpación de los poderes constituidos” (art. 2). Segundo, la violación al modelo republicano (división de poderes no subordinados) y a “la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República [que] es obligatoria” (art. 4). Y tercero, el “celebrar o ratificar tratados u otorgar concesiones que lesionen la integridad territorial, la soberanía e independencia de la República” (art. 19).
A la luz de estos artículos, y del resto de la Constitución, se puede examinar el comportamiento de los distintos actores de la actual crisis político-institucional hondureña y precisar responsabilidades. En un artículo escrito el sábado 27, señalé los pasos en falso del Presidente Zelaya y la difícil situación en la cual, la misma Constitución, coloca a las Fuerzas Armadas.
Aunque no están claros los detalles del desplazamiento de Zelaya (por ejemplo, si efectivamente renunció o no, y si hubo o no orden judicial en su contra), los Organismos Ejecutivos de América (OEA) han condenado lo que consideran un “golpe de Estado”. En contraste con nuestros tristes antecedentes, la Constitución hondureña no fue derogada o suspendida, ni tampoco asumió el poder Ejecutivo algún militar, sino que se siguió el procedimiento contemplado en la misma Constitución (art. 242).
Pienso que esta crisis ha sido propiciada por varios factores, que deben tomarse en cuenta antes de asumir una postura a favor o en contra de algún bando. Doy preferencias a dos factores institucionales:
1. En el sistema presidencialista, donde hay un poder Legislativo y otro Ejecutivo, ambos legítimos, es difícil dirimir conflictos. No tiene las válvulas de escape, como las del sistema parlamentario, para retomar el equilibrio sin necesidad de experiencias traumáticas (como el rompimiento del orden constitucional). Al respecto, es curioso que en el contexto internacional se le da más legitimidad al poder Ejecutivo por representar al Estado, y se menosprecia la legitimidad del poder Legislativo. Esto podría explicar la actitud de la OEA. Pienso que el Congreso debería tener más legitimidad porque representa una pluralidad de intereses, mientras que el Ejecutivo es siempre la representación de una mayoría que dejó sin ningún poder a las minorías.
2. La misma Constitución hondureña propicia conflictos de poder adicionales a los propios del mencionado problema de “legitimidad dual” del presidencialismo. Por ejemplo, por el papel que le otorga a las Fuerzas Armadas. Además tiene importantes vacíos, pues no contempla la destitución del Presidente (únicamente su ausencia y renuncia).
La frecuentemente comentada polarización entre la izquierda (un Zelaya populista y pro-chavista) y la derecha (supuestamente una élite empresarial con apoyo de las Fuerzas Armadas) debe matizarse. Pues la oposición a Zelaya no han sido grupos de interés de la sociedad civil, sino Organismos del Estado, democráticamente constituidos dentro del marco institucional previamente vigente y legítimo, que no ha sido derogado o suspendido en ningún momento. No ha habido vacío de poder, y parece haber un consenso entre la élite política sobre las alternativas institucionales a la crisis. En este sentido concuerdo con la opinión del anterior Vicepresidente guatemalteco, Eduardo Stein, quien sugiere que la Comunidad Internacional debería conceder un tiempo a los políticos hondureños, para que ellos mismos resuelvan esta crisis (como ocurrió en Guatemala en 1993 cuando Serrano Elías intentó un auto-golpe de Estado).
Claro que el conflicto ideológico de Zelaya versus los legisladores y otros miembros de la élite política hondureña (incluidos los líderes del mismo partido que llevó a Zelaya al poder) da contenido a las tensiones institucionales que resalto en mi análisis. Pero dicho conflicto, el de la realineación ideológica que ocurre en América Latina, es un contexto, como lo fue la Guerra Fría en su época. La lucha por el poder es una constante en la política, para mí la variable relevante es la institucional. El sistema presidencialista fue superado por la crisis, se fatigó y cedió (como el acero ante el fuego).
Si se comprueba que el Congreso Nacional y los otros Organismos y entidades del Estado (incluidas las Fuerzas Armadas) también violaron la Constitución por la forma en que fue desplazado Zelaya de la Presidencia, estaríamos ante un dilema: todos los agentes democráticamente electos y legalmente constituidos perderían legitimidad y podrían ser condenados por el delito de “Traición a la Patria”. Ya no sería un problema de “legitimidad dual” sino de “ilegitimidad dual”. Entonces, ¿quién es más ilegítimo, el Congreso o la Presidencia? No veo cómo salimos del problema con este razonamiento…
Recordemos que la democracia es una ideología para la legitimación del ejercicio del poder por parte de las élites, quienes lo ejercen por medio de las instituciones del Estado. A lo mejor, esta crisis hará repensar a dichas élites el arreglo institucional actual, y transitaremos de un modelo presidencialista hacia uno parlamentario, que me parece tendría mayor legitimidad al incluir en el Ejecutivo a minorías. Volviendo a mi analogía de resistencia de materiales, necesitamos una estructura que sea más flexible ante los conflictos entre poderes del Estado (como la madera o el bambú ante los terremotos).
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Lucha de poderes
El gobierno de Mel Zelaya en una de sus múltiples acciones folklóricas, sea por influencia de Presidentes suramericanos, intentó fallidamente implementar una consulta popular éste 28 de Junio. Mel Zelaya hace que se apruebe una Ley en el Congreso que es la conocida Ley de Participación Ciudadana, e implemento la estrategia de Consultas en las comunidades para la solicitud y resolución de las mismas… En algunos casos politizadas. Los sectores a favor utilizan dicha ley como justificación para la implementación de la cuarta urna…
La ley de Participación ciudadana no es de conocimiento generalizado y ese es el hit que implementó inicialmente el Presidente. Los sectores poderosos de Honduras y reconocidas familias ven en ella una amenaza a su status quo pues si la consulta, que en sus preguntas esta la implementación de la cuarta urna, era posible implementar una Asamblea Nacional Constituyente y crear o modificar la Constitución. La línea ideológica política tomaría por ende nuevas directrices…y los cambios para estos sectores no son válidos. El financiamiento de ésta es desconocido.
Las características de este golpe:
- Se interfieren las comunicaciones (algunas cerradas por los empresarios afectados) y se viven 14 horas de incertidumbre. Cada canal de cable que le da cobertura a la noticia es eliminado de la recepción de cable. Únicamente Radio Globo por Internet se encuentra en el aire mientras son militarizados los principales medios de comunicación. El periodismo es comprado o enmudecido. Se desvia la atención de la población.
En la actual Constitución cualquier modificación,cambio o intento es considerado un delito. La Corte de Justicia ordena la captura y extradición del Presidente arguyendo la violación a la Constitución de la República. Ya de conocimiento público y utilizando el sentido común es un acto de secuestro. El Presidente ha desvirtuado la renuncia y su extradición de desconocimiento de Costa Rica es nada más un testimonio.
La Opinion Pública está dividida pero coincide que el acto en contra del Presidente y “Salvar la Democracia” y actos en contra de la Libertad de Expresión y locomoción son actos golpistas e ilegales contra la población hondureña. No puede llamarse Sucesión Forzada pues las garantías constitucionales fueron violadas y maquilladas de muchas formas.
Particularmente estaba en contra de la Cuarta Urna, pero con las acciones tomadas debo obediencia al Presidente legítimamente electo y a la Constitución. Estamos en contra de la dirección tomada por el Congreso, y falta ver el camino que nos resta para restituir nuestra derecho.
Atentamente,
Laureano Leibnit Luján
Doy las gracias a mi amigo Laureano por sus informes y analisis desde Honduras. Practicamente esta trabajando como “corresponsal” de este BLOG. Saludos!
Otro amigo y colega me informa que hablo con Eduardo Stein, hoy por la mañana, y me asegura que el ex VicePresidente no dijo lo que yo afirmo.
En lo que Stein “insiste es que, obviamente, la comunidad internacional no puede imponer el retorno de Zelaya y solamente eso. Hay que pactar políticamente con los poderes de Estado los términos del retorno (los limites del poder de Zelaya en la nueva coyuntura) que básicamente se refieren a la imposibilidad de que prolongue su mandato más allá de lo establecido en la Constitución de Honduras.”
Yo simplemente escuche por la radio a Stein. Acepto que pude haber mal-interpretado su mensaje, pero me parecio muy clara su postura.
Solo para aclararte que el articulo 242 de la Constitucion no ampara lo sucedido el domingo. Por lo tanto el nombramiento de Micheletti es ilegal.
ARTICULO 242.- Si la falta del Presidente fuere absoluta, el Designado que elija al efecto el Congreso Nacional ejercerá el Poder Ejecutivo por el tiempo que falte para terminar el período constitucional. Pero si también faltaren de modo absoluto los tres designados, el Poder Ejecutivo será ejercido por el Presidente del Congreso Nacional, y a falta de este último, por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia…
Fernando, yo no digo que dicho articulo “ampara” lo ocurrido. Me refiero a que se lleno el posible “vacio de poder” segun lo establecido por dicho articulo. No fue un militar el que asumio el poder Ejecutivo!
Por otro lado, no se que version de la Constitucion consultaste? Este articulo ha sido reformado varias veces:
ARTICULO 242.- En las ausencias temporales del Presidente de la República lo sustituirá en sus funciones el Vicepresidente. Si la falta del Presidente fuera absoluta, el Vicepresidente ejercerá la titularidad del Poder Ejecutivo por el tiempo que le falte para terminar el período constitucional. Pero si también faltare de modo absoluto el Vicepresidente de la República, el Poder Ejecutivo será ejercido por el Presidente del Congreso Nacional y, a falta de éste, por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, por el tiempo que faltare para terminar el período constitucional. [...]
Fuente: http://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Honduras/hond05.html
Carlos, sí escuchaste bien a Stein. Eso fue lo que dijo y creo que tiene razón: este asunto es tan complicado que los hondureños son quienes deben solucionarlo. Aquí no hay “puros” y la solución no puede venir impuesta de fuera.
Dina comenta tu blog en su columna de mañana. Felicitaciones por el certero análisis. Un abrazo!!!
Le felecito por su analasis de los eventos. Su POST sobre el origen de las crisis era lo que buscaba. Me ha molestado que en la mayoria de las noticias, dicen que la consulta es ilegal, pero no dan explicacion porque.
Pero una duda que todavia tengo es que la accion de “ordenar que se realice . . . una Encuesta Nacional de Opinion” por decreto ejecutivo (PCM-020-2009) no es necesariamente inconstitucional en si. Porque no pretende explicitamente realizar ninguna accion especificamente mencionada como ilegal en la constitucion. Solo que no tiene ningun valor ni efecto porque la constitucion no da el poder al presidente de convocar un referendum sin la aprobacion de dos tercios del Congreso Nacional. A menos que la “Ley del Instituto Nacional de Estadistica” u otra de las varias leyes invocadas en la seccion “Por Tanto” de PCM-020-2009 otorgue el poder de realizar una “Encuesta Nacional de Opinion.” Pero para ser legal esta “encuesta” tiene que ser diferente de un referendum o plebiscito como mencionado en la constitucion. Y por tanto ni el ejercito ni los ciudadanos son obligados a participar en la encuesta como serian en un referendum aprobado por el congreso, al menos que una de las otras leyes invocadas les obligan. Entonces, si este es el caso, Zelaya estaba actuando dentro de la ley. A menos que una de sus otras acciones como destituir al jefe de las fuerza armadas violo uno de los tres articulos. Porque cualquier intento a cambiar la constitucion no es una traicion, solo los que pretenden cambiar ciertos aspectos petreos. (Seria bueno saber exactamente cuales acusaciones estan en la orden judicial) Pero los resultados de la encuesta no tendrian ninguna implicacion para el TSE. Si la mayoria de ciudadanos dicen que queren instalar “una cuarta urna, para decidir sobre la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente,” no importa legalmente. Porque esa no es la manera legal de convocar un referendum sobre cambios constitucionales y la constitucion no autoriza asambleas constituyentes. Los resultados de la encuesta serian a lo maximo una herramienta del presidente y los ciudadanos que quieren un referendum constitucional para apresionar al congreso que aprueben la solicitud que ellos tienen que hacer al congreso.
Otra duda que tengo tiene que ver con el proceso legal de resolver una crisis asi en Honduras. Como Mark menciono en el otro POST, en Estados Unidos existe impeachment. En la constitucion hondurena se menciona la “formacion de causa.” Eso hubiera sido una manera de resolver el conflicto (antes del golpe o tal vez todavia)? Pero como usted dice, ahora puede existir un problema de “ilegitimidad dual.” Dice en el articulo 102 que “Ningún hondureño podrá ser expatriado ni entregado por las autoridades a un Estado extranjero.” Entonces es muy claro que los que le sacaron a Zelaya quebraron la ley. Pero todavia no veo claro que Zelaya quebro la ley. Obviamente el creyo una situacion inestable en el estado y por eso hay que buscar una forma dentro de la legalidad y democracia de investigar sus acciones y tambien ahora las de los complicites en el golpe de estado.
Ojala que los hondurenos puedan solucionarlo sin intervencion de afuera. Pero el problema que veo en el pais y tambien en las noticias es que es un conflicto entre los que apoyan a Mel y los que estan en contra. Ademas de ser una situacion tan dificil de entender se hace peor que la mayoria de gente la ven de un punto de vista politico y no como un reto a la constitucionalidad y la democracia. No estamos viendo tanta gente en las calles porque solo los seguidores de Zelaya estan manifestando. Hay muy poca gente que estan en contra de Zelaya que todavia van a riesgar a exigir que restauren al presidente democraticamente elegido.
Por favor disculpar la falta de acentos. No se como cambiar el teclado.
Me disculparán como ciudadano de a pie y guatemalteco, que la ley Hondureña no la manejo como nuestros amigos juristas. Sin embargo, me parece que el problema que enfrenta Honduras, y toda Latinoamérica por el ejemplo que se da, no es de legalidad, sino de legitimidad, y de filosofía y práctica política. La remoción de Zelaya fue abrupta, opaca y mediada por militares. Sólo estas tres condiciones ya la hacen indeseable (y condenable en el marco de la historia latinoamericana de incontables golpes de Estado). Por abrupta no se podría garantizar el debido proceso, aunque estuvieran normados el proceso y los procedimientos. Por opaca no se podría saber cómo se gestó, ni atribuir responsabilidades. Por mediada militarmente se condicionan a la razón y las razones ante la fuerza.
Latinoamerica y los latinoamericanos hemos aguantado ya mucha arbitrariedad en el acceso y remoción de nuestras autoridades, y ha costado muy caro superar esa mala historia. Cuando menos como aspiración no debe ser aceptable ahora, ni nunca más, un cambio de autoridades electas que no satisfaga el opuesto de las tres carácterísticas que mencioné, mediante un proceso explícito, seguido de forma transparente y sin uso de fuerza militar. Si la ley y las instituciones aún no tienen los medios para ello, debemos procurarlos. Pero rechazar siempre, siempre, los golpes de Estado, aunque sean golpes suaves, aunque sean golpes “legales”.
Finalmente y para poner las cosas en perspectiva: si este golpe hubiese ocurrido hace dos meses: ¿cómo le hubiera ido luego a Alvaro Colom en Guatemala ante la crisis por el asesinato de Rosenberg y los Musa? Es seguro que el ahora ejemplo de Honduras habría envalentonado a activistas de toda estirpe que ya estaban más que dispuestos a condenarlo sin juicio. Y detrás podría caer qualquier otra autoridad electa débil. O sea, muchas.
Saludos.
Carlos: Te felicito por tus acertados y objetivos análisis sobre el caso. Ma han ilustrado muchísimo. Ahora veo un problema serio pues como dices, en esta dualidad de poderes legítimos, a quién hacer caso? Al Congreso o al Presidente? A quién apoyar? La OEA apoya a Zelaya. Están entonces encontra del Congreso que también fue electo democráticamente? Veo complicado el tema.
Por otro lado, aunque tus análisis van del lado institucional, me preocupa que Chavez en algún impulso que lo caracterizan se le ocurra invadir Honduras.
saludos y sigue adelante con tus excelentes análisis
Si en un República Democrática, como el caso de la mayoría de países centroaméricanos, el ejercicio del poder es equitativo a las 3 instancias (ejecutivo, legislativo y judicial) parecería ser que el protagonismo del ejecutivo sobre los otros dos radica, en que el ejecutivo tiene la libertad de elegir, y cambiar, según sea el caso y a su conveniencia, al gabinete que lo acompaña en ministerios y demás instituciones durante toda su gestión (y que por cierto, es donde más % del presupuesto se invierte, se gasta, se “reparte”).
Mientras que el legislativo debe, llamémosle “batallar”, con cada dinosaurio o voraz incipiente corrupto e irrespuetuoso de la Constitución, elegido a ciegas por el pueblo. !Qué admirable su paciencia Lic. Nineth Montenegro!
Y el judicial, más lamentable aun, pues su elección ni siquiera podría considerarse democrática.
En ese sentido, la representatividad de los estados en Instituciones Vinculantes Internacionales, como la ONU, OEA, ¿PARLACEN (jaja)? etc. no debería estar ejercida sólo por el poder ejecutivo, si no por los tres poderes. En ese caso, el representante del Legislativo de Honduras podría estar ventilando en la OEA, por ejemplo, la otra versión de los hechos que tanto hace falta en los medios, que por cierto, carecen de seriedad, dejando en tela de duda su parcialidad.
De todo esta vorágine, cabe señalar la destacada participación del ejército hondureño, quien supo tomar el protagonismo en un momento crítico e inmediatamente después, regresar al lugar donde pertenece, cinrcunscrito a los lineamientos de una República Democrática.
Finalmente, y curioso de destacar: el protagonismo no solicitado, evidente en el semblante del respetable Dr. Arias, en la conferencia del día domingo, donde en verdad no tenía ni la más remota idea de que estaba pasando, ni por qué no estaba viendo el fútbol como cualquier domingo cotidiano… Saludos a todos!
Con el afán de contribuir al debate sobre este importante tema, quiero compartir mis reflexiones.
Creo que hay ponerla mucha atención al comentario de Danilo Miranda. En el fondo de esta cuestión hay varias ideas fundamentales que no deben perderse de vista:
Los artículos pétreos de nuestras constituciones son arma de doble filo. La realidad política cambia, el “soberano” también cambia y se hace más complejo y todas nuestras constituciones dicen que el poder emana del soberano.
Analizar las acciones y luego valorarlas de constitucionales o inconstitucionales no es algo que se haga al margen de los intereses y lógicas de muchos grupos. Lo que contiene y quiénes interpretan la constitución lo hacen desde posiciones e intereses, lo hacen desde ópticas ideológicas y supongo que sobre cálculos políticos. Observo en algunos de tus argumentos una posición ortodoxa y hasta cierto punto legalista por una parte. Pues lo que es prohibido en las constituciones y tienen el carácter de artículos pétreos entonces no podría cambiarse. Es obvio que el soberano (complejo) por sí mismo tiene mínimas posibilidades de plantear a su Congreso un cambio radical. Sería de esperarse que la posibilidad viniese de alguno de los órganos del Estado.
Esos artículos deben analizarse de acuerdo al contexto histórico pues con el candado que tienen casi podría decirse que son artículos canónicos, leguleyos, fundamentalistas y perpetradores de un estatus quo que ciertamente carece de legitimidad soberana pues quiénes los redactaron y aprobaron no representan ni en el pasado ni el presente los intereses de todos los sectores que integran el “soberano”. Artículos con semejantes consecuencias deberían de someterse a “consulta pupular” para ver si el soberano los apoya.
Por otra parte, valoro el análisis comparado que efectúas entre el sistema presidencialista y los sistemas parlamentarios. Esta comparación ciertamente nos hace ver con mayor claridad el problema de la legitimidad o ilegitimidad dual en el sistema presidencialista.
Sin embargo, en nuestro contexto centroamericano me pregunto a quién representan los diputados de nuestros congresos o asambleas legislativas. Me llama la atención que das por sentado que nuestros Congresos “representan una pluralidad de intereses” Pero quiénes hacen esto ¿Los partidos políticos? ¿Los diputados elegidos por circunscripciones y otras fórmulas que terminan por devaluar el carácter representativo de aquel viejo axioma un ciudadano un voto? ¿Ambas cosas?
Que sean más en cualquiera de las dos posibilidades no significa que efectivamente representen en la misma proporción todos los intereses manifiestos en el soberano, particularmente los que provienen de las minorías. Luego cuando los diputados legislan siguen una agenda de partido, consecuentemente, la inmensa mayoría de veces, votan de acuerdo a los lineamientos de sus partidos. Bajo esta óptica como quedan representados los intereses de las minorías… Entonces el supuesto pluralismo que les tendría que dar mayor legitimidad es cuestionable porque en algunas situaciones, los partidos mayoritarios son dos y cuando un partido tiene la mayoría calificada es uno al que representa y se convierte en una aplanadora. Al menos esa es nuestra historia en varios de nuestros países, incluyendo por supuesto a Honduras.
No he escuchado en ningún comentario serio que en Honduras después de interrumpir el orden constitucional se haya dado un vacío de poder. Los que destituyeron a Zelaya a través del Congreso también hicieron su cálculo político, pero lo hicieron utilizando la fuerza, involucrando al ejército y expulsando al presidente y jefe de Estado. En esas circunstancias no es creíble que Zelaya haya firmado su carta de renuncia haciendo uso de sus derechos constitucionales y con plena conciencia y libertad. Podríamos decir entonces que el Congreso de Honduras fue quien impulsó el golpe de Estado, expulsando a un presidente electo y jefe de Estado. Es esto desde mi óptica lo que no se puede permitir, no de la manera como se ha hecho. La supuesta inconstitucionalidad de Zelaya debía de juzgarse no solamente tomando en cuenta a los órganos del estado, sino también al Soberano. O para estas situaciones críticas el soberano solo debe ser un pasivo espectador…
El soberano en nuestros sistemas políticos presidencialistas ha sido atrozmente instrumentalizado. Desde sus orígenes, el poder del Estado dejó de ser un medio para el Soberano y se ha convertido en un fin. Si uno o varios sectores del Soberano quieren un cambio, los políticos del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial o los tres al unísono los persiguen y castigan por ser inconstitucionales, insurrectos, subversivos y en épocas recientes hasta comunistas leninistas.
Me parece que un sistema parlamentario es un sistema flexible y apto para dirimir este tipo de conflictos entre los representantes de los órganos del estado, pero dudo que en nuestra cultura política, los partidos pólíticos estén listos para hacer un ejercicio más democrático del poder. Nuestros partidos políticos son autoritarios. No obstante, yo también me inclino por que Centroamérica camine hacia un sistema parlamentario regional y federal.
Por otra parte, la misma constitución de Honduras establece la competencia que cada órgano del Estado tiene con las fuerzas armadas, pero estas competencias están jerarquizadas pues no es lo mismo ser como presidente y jefe de Estado el comandante general que “contribuir” con otras instituciones del Estado como es el caso del Tribunas Electoral.
No soy abogado constitucionalista de Honduras, pero a todas luces, la consulta desde el ejecutivo no tiene carácter vinculante y podría considerarse como un mecanismo válido para que el soberano exprese si está feliz con su constitución o si ya es hora de un cambio, especialmente en sus artículos pétreos.
Lo que hace falta entonces es un análisis del contexto.
Estimados Sres.:
Me pongo en contacto con ustedes debido a los dramáticos acontecimientos que ese están produciendo en Honduras.
Estamos consternados de la brutalidad de las armas, de aquellos que las apoyan y de aquellos que no alzan su voz en estos trágicos momentos.
Hay que parar este golpe militar ignominioso y decir con fuerza y claridad cuál es nuestra postura.
La democracia y, la consulta a los ciudadanos o la sinrazón y la cobardía de las armas.
Que nadie pueda decir en el futuro que usted o yo tuvimos ambigüedad con el terror y con las armas.
Debemos defender el orden constitucional , la democracia y la palabra, elemento fundamental mucho más poderoso que las armas.
Unámonos para parar el golpe, unámonos por honestidad, por honradez, y que nunca un fusil pueda silenciar las palabras ni las ideas. Que nos vean en las calles con los desarmados con la fuerza de la razón y la seguridad de la verdad.
Ahora es el momento de conocer tu decisión.
Que tu voz retumbe alta y clara en Honduras y, en el mundo.
David Cervigon
España. Madrid.
http://www.cervigon.eu/golpehondura7.htm