por Carlos A. Mendoza, CABI

Mi querido amigo y colega, Sergio Bran, Jefe y Profesor del Departamento de Sociología y Ciencias Políticas de la UCA en San Salvador, nos ha dejado un aporte valioso en la sección de comentarios de este BLOG. Sergio hace, al menos, diez observaciones a mi análisis sobre la crisis político-institucional hondureña. Intentaré responder, en dos entregas, a la mayoría de sus críticas:

1. Sobre los artículos pétreos de toda Constitución. Es cierto que cualquier Constitución refleja el particular equilibrio de fuerzas entre las élites políticas que la redactan, en un momento específico. Esa correlación de fuerzas cambia constantemente, por lo cual la Constitución no debería estar tallada en piedra, sino contemplar sus propios mecanismos de reforma. Esto mismo lo señalé, de otra forma, en el POST del 27 de junio, antes de que se consumara el golpe de Estado:

“Las características de los mecanismos contemplados para la modificación de una Constitución Política son cruciales para que la misma perdure en el tiempo. Entre más flexibles y dinámicos, mayor será su capacidad para absorber shocks externos o internos (para utilizar un término empleado por la economía). Si, por el contrario, es demasiado rígida para adecuarse a los cambios constantes en los modelos mentales compartidos por las elites, entonces suele caerse en la tentación del “borrón y cuenta nueva”. Así que una Constitución tiene más probabilidades de trascender en el tiempo si cuenta con sus propios mecanismos de reforma y, por supuesto, si los mismos son respetados por todos, es decir, les resultan legítimos.”

Claro que mi énfasis es más cognitivo, pues siempre existe la posibilidad de un nuevo equilibrio político debido a cambios en la mentalidad de las élites (en sus “modelos mentales compartidos” que están en el origen de toda institución, formal o informal).

Para analizar esto objetivamente trato de apartarme de la teoría normativa, la que dice cuál es “el deber ser”. Prefiero utilizar marcos teóricos que me parecen más acordes al realismo político, lo que en efecto es. En este sentido, está claro el objetivo de los artículos pétreos (proteger el status quo), y podemos estar de acuerdo o no con los mismos, pero son parte de las reglas del juego y fueron legitimados por las mismas. En mi enfoque institucionalista, lo que hacen dichos artículos es dar mayor rigidez al sistema. Zelaya intentó cambiarlos, se estrelló con ellos, y el sistema se vino abajo.

2. Sergio también menciona que toda interpretación legal se hace con sesgo ideológico y con cálculo político, y que el Pueblo (el Soberano) tiene poco o nada que decir al respecto. Claro que sí. No hay ningún actor político neutral y sin intereses. Eso debe darse como un hecho. Por ejemplo, lo tienen muy claro los estadounidenses en el nombramiento que los Presidentes hacen, condicionados a la confirmación por parte del Senado, de los miembros de su Corte Suprema de Justicia. Por ello tratan de que haya un “balance” entre jueces conservadores y liberales.

En el caso de Honduras las reglas son que el Congreso Nacional interpreta y la Corte Suprema, constituida en Sala de lo Constitucional, determina si hubo o no inconstitucionalidad. Ese es su diseño institucional, que simplemente agrega más probabilidad de conflictos entre los poderes del Estado. En Guatemala sabemos que los resultados de la Corte de Constitucionalidad han sido ambiguos, a veces nos gustan sus resoluciones y en otras oportunidades nos disgustan, pero ha sido reconocida por todos los actores como un árbitro legítimo (no necesariamente independiente).

Sobre el Pueblo como Soberano escribiré otro artículo específico, porque es parte de la teoría normativa. La reflexión de los filósofos políticos sobre esto es muy extensa, incluyendo a los Padres Fundadores de los EEUU y sus temores por la democracia radical.

3. También dice Sergio que debemos tomar en cuenta el contexto histórico en el cual se redactó la Constitución, pues sienta las bases de un status quo que no necesariamente es legítimo porque en ese momento determinado no todos los sectores estuvieron representados. Ello justificaría una consulta popular para “actualizar” las preferencias y decidir si se opta por el cambio o no.

Eso se relaciona con el punto primero, pero creo que se debe tener en cuenta que uno de los problemas de la democracia es que, precisamente, no es completamente pluralista. De hecho se puede caer en la dictadura de la mayoría y excluirse por completo a las minorías. Por ello, el modelo de democracia liberal hace tanto énfasis en la protección de los derechos individuales (y de los derechos colectivos de las minorías, según el planteamiento de Kymlicka y otros).

Aquí volvemos al tema normativo, filosófico. Es decir, cuando son los números o preferencias matemáticamente agregadas las que dan legitimidad, ¿cuál es el porcentaje mágico con el que todos estamos de acuerdo en obedecer al elegido por el voto popular? De vuelta a la Constitución hondureña, el artículo 236 establece que la simple mayoría de votos basta. No mayoría absoluta, como en otros países, que generalmente conlleva la realización de una segunda vuelta electoral. Seguramente estaban pensando en que, dado su tradicional bipartidismo, la mayoría simple equivale a la absoluta. Lo cierto es que, si un candidato gana con el 50 por ciento más uno de los votos y el otro pierde con el 50 por ciento menos uno, el primero se queda con todo el poder y el segundo sin nada. ¿Quién tiene más legitimidad popular? Estadísticamente ninguno tiene más que el otro y, sin embargo, en el modelo presidencialista el perdedor lo pierde todo. Lo cual aumenta los incentivos para “ganar a toda costa”.

Continuaré…