Por Carlos A. Mendoza, CABI

Esta semana tuve la oportunidad de asistir a un panel de discusión sobre “la situación en Honduras y la democracia en el Hemisferio Occidental,” organizado por el Kellogg Institute for International Studies de la Universidad de Notre Dame (Indiana, EE.UU.). Los integrantes del panel presentaron, en conjunto, una visión bastante equilibrada y objetiva sobre el problema.

Luis Cosenza, ex ministro de la Presidencia durante la administración de Ricardo Maduro (Partido Nacional, de enero 2002 a enero 2006), hizo un análisis sobre el comportamiento ilegal de Mel Zelaya, el cual lo llevó a enfrentarse contra toda la institucionalidad democrática del país, y explicó cuál fue el paso en falso, inconstitucional a su criterio, que precipitó su salida del gobierno.

Fueron varios los momentos de conflictividad previa: Zelaya no presentó al Congreso Nacional el Presupuesto del Estado para su aprobación, presionó al Congreso para que se conformara una Corte Suprema de Justicia a su gusto, y aumentó en 60 por ciento el salario mínimo, sin medir sus consecuencias en época de crisis económica.

Además, Zelaya propuso la ahora famosa “Cuarta Urna” para abrirse el camino hacia una eventual Asamblea Nacional Constituyente. Con la cual, él esperaba, se eliminaría la prohibición constitucional de la reelección presidencial. Aunque Zelaya había negado varias veces esa intencionalidad, un video disponible en YouTube da testimonio del momento en el cual reveló su objetivo, hasta ese momento, inconfesado.

Según Conseza, esas palabras son las que pusieron fuera de circulación a Zelaya. Pues el artículo 239 de la Constitución hondureña dice: “El ciudadano que haya desempeñado la titularidad del Poder Ejecutivo no podrá ser Presidente o Vicepresidente de la República. El que quebrante esta disposición o proponga su reforma, así como aquellos que lo apoyen directa o indirectamente, cesarán de inmediato en el desempeño de sus respectivos cargos y quedarán inhabilitados por diez (10) años para el ejercicio de toda función pública.” A su criterio, dicho artículo es auto-ejecutable, es decir que no es necesario que un juez determine su aplicación. En ese mismo momento, entonces, Zelaya dejó de ser el Presidente de Honduras.

Este punto fue debatido por Doug Cassel, profesor experto en derecho internacional. Desde su punto de vista, aunque la Corte Suprema de Justicia hondureña se pronunció de manera unánime a favor de la destitución de Zelaya, la Corte nunca citó como base legal el artículo 239, ni la Constitución misma. Así que él considera que se trató de un golpe de Estado, es decir, una interrupción inconstitucional del mandato presidencial. Además, advierte que el citado artículo contradice al derecho internacional, pues viola el derecho al debido proceso. Sin embargo, reconoció que parte del problema con la Constitución de Honduras es que no contempla la figura del impeachment, es decir, el proceso legal que debería seguirse para determinar si un funcionario democráticamente electo debe ser separado de su cargo.

El profesor Paolo Carozza, miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hizo afirmaciones muy interesantes, a título personal. Primero, informó que la Comisión sí visitó Honduras para verificar las denuncias sobre violaciones de los DD.HH. y efectivamente documentaron casos de detenciones arbitrarias, exceso en el uso de la fuerza, y violencia sexual. Pero no era cierto que había “ríos de sangre” como algunos medios lo afirmaban. Segundo, contrastó la disponibilidad del gobierno de Micheletti para recibir a la Comisión, mientras que Chávez no ha permitido una visita de verificación de la misma a Venezuela durante más de diez años (y ningún Estado miembro de la OEA se ha pronunciado al respecto). Tercero, también explicó que sí hay medios de comunicación opositores al gobierno de Micheletti.

Carozza compartió reflexiones personales que resultan muy importantes: La democracia no es lo mismo que el respeto a los Derechos Humanos. Las violaciones a los mismos pueden venir de gobiernos autoritarios o democráticos, de izquierda o de derecha. Lo bueno es que el discurso sobre el respeto a los DD.HH. sí ha permeado en la mente de todos los gobernantes. Hay una preocupación por la pérdida de legitimidad que ocurre cuando los Estados violan esos derechos. Por ello, a su criterio, el actual gobierno hondureño permitió la visita de verificación. Por otro lado, posiblemente las herramientas que utiliza la OEA para este tipo de crisis están pensadas para modelos del pasado, como los típicos golpes militares de Estado. Este no es el caso de Honduras.

Finalmente, en las respuestas a preguntas de los estudiantes, Cosenza mostró su preocupación por el rechazo de la comunidad internacional al proceso electoral en marcha, pues él considera que es la única salida a la crisis. Es importante que el nuevo Presidente electo cuente con la legitimidad suficiente para poder gobernar. Cassel dijo que esta crisis también refleja el problema de la democracia para responder a las necesidades y expectativas de la población, sobre todo en materia de bienestar económico. Carozza, por su parte, ve muy complicado que Zelaya regrese al poder sin el uso de la fuerza.

Personalmente, el debate me pareció muy bueno, aunque me hizo falta escuchar más sobre el papel de los actores internacionales relevantes, como Venezuela (Chávez) y los EE.UU. (Obama). Como dijo Mainwaring en la introducción, es curioso que ambos estén alineados del mismo lado.

Pienso que el debate sobre la crisis-institucional en Honduras generalmente se concentra en lo normativo, “el deber ser,” mientras que se excluye el análisis más realista de la situación, “lo que es,” que podría facilitarnos la visualización de una salida. El pragmatismo no es la renuncia a principios morales, es un reconocimiento de la realidad tal cual, para encontrar soluciones a los problemas.

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Gracias a Luis Consenza por facilitarnos copia del documento con el análisis legal elaborado por la Biblioteca del Congreso de los EE.UU. y titulado “Honduras: Constitutional Law Issues”