Por Carlos A. Mendoza, CABI

Ya ha tomado posesión de la Presidencia de Honduras Porfirio Lobo, quien fuera elegido democráticamente el 29 de noviembre del año pasado. Con este cambio pacífico en la dirección del Organismo Ejecutivo se cierra un capítulo lamentable en la historia hondureña y se abre otro, que esperamos sea positivo. Uno donde se retome la estabilidad política necesaria para afrontar los grandes retos socioeconómicos y de seguridad que tiene nuestro hermano país.

Se debe reconocer que el contexto político en el cual se realizaron las elecciones generales no fue el más idóneo, debido a la polarización que se venía alimentando desde los eventos previos al 24 de junio, cuando fue depuesto Zelaya y el Congreso Nacional nombró a Micheletti para reemplazarle en la Presidencia. Sin embargo, las tensas condiciones del conflicto político, incluyendo los brotes de violencia y las restricciones establecidas para preservar el orden, no le restan legitimidad al proceso electoral, el cual se había iniciado desde el 28 de mayo de acuerdo con la legislación vigente y en el marco de una institucionalidad política que nunca dejó de funcionar.

Para muchos observadores, es sorprendente que un pequeño país, altamente dependiente de la cooperación extranjera, haya soportado la presión internacional a la que fueron sometidas sus élites política y económica, con un bloqueo diplomático y comercial sin precedentes, coordinado desde la OEA y otros organismos supranacionales. Esta presión desde afuera fue complementada por una episódica presión interna de los sectores leales a Zelaya, pero ambas no fueron suficientes para forzar la salida de Micheletti, pues las instituciones hondureñas que lo sostenían nunca colapsaron. ¿Por qué?

Primero, porque la élite política de Honduras nunca se dispersó, sino que permaneció unida. Zelaya, desde un inicio, subestimó al sistema de partidos hondureño –tradicionalmente muy sólido– que se basa en un bipartidismo con alternancia en el poder. Zelaya pensó, erróneamente, que podía enfrentarse solo contra la oposición y su propio partido. En soledad porque tampoco contó con el respaldo del resto de la institucionalidad política, como el Organismo Judicial, el Ministerio Público y el Procurador de Derechos Humanos, ni con la lealtad de las Fuerzas Armadas. Por supuesto, sus políticas populistas ya lo habían alejado de la élite económica.

Segundo, el error más grave de Zelaya fue creer que contaba con el respaldo popular. Incluso, después de su derrocamiento, de regreso en Honduras apostaba por un alzamiento masivo que lo restituiría en el poder. Pero el pueblo hondureño tampoco está acostumbrado a ser movilizado por caudillos. Son los partidos políticos, con los cuales se identifican los ciudadanos, los que movilizan. Esos mismos partidos a los que despreció Zelaya, y que cuentan con el monopolio legal –como en toda democracia– de la representación legítima del pueblo. Los resultados electorales demuestran este punto.

Según los datos proporcionados por el Tribunal Supremo Electoral, hubo un leve descenso en el nivel de participación ciudadana en las elecciones de noviembre, pero sigue siendo aceptable –53 por ciento–. Pepe Lobo, del Partido Nacional, fue preferido por el 57 por ciento de los votantes –más de 1.2 millones de electores– y sacó una ventaja de 18 puntos porcentuales sobre su rival más próximo, el del Partido Liberal. Comparado con la victoria electoral de Zelaya en 2005 –cuando Lobo perdió por una estrecha diferencia de 4 puntos porcentuales–, ahora Lobo obtuvo más votos en términos absolutos y relativos, respecto a los válidos y al total de empadronados.

Ambos partidos históricos consiguieron el 95 por ciento de todos los votos válidos, lo cual confirma la persistencia del bipartidismo hondureño. Esto también se refleja en las elecciones para el Congreso Nacional, cuyos resultados dieron al Partido Nacional una cómoda mayoría del 55 por ciento, mientras que el Partido Liberal hará oposición con un 35 por ciento del total de diputados. El restante 10 por ciento de la legislatura corresponde a los partidos pequeños.

Lo más probable es que dichos partidos se alinearán con el Partido Nacional, pues Pepe Lobo ya ha nombrado como ministros de su gabinete de gobierno a Bernard Martínez (cultura, arte y deportes) y Felícito Ávila (trabajo), ambos candidatos presidenciales del Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (PINU) y del Partido Demócrata Cristiano de Honduras, respectivamente.

Quienes han defendido a Zelaya bajo los argumentos del respeto a la democracia y sus instituciones no deberían persistir en la negación de la legitimidad de las elecciones de noviembre. Por el contrario, bien harían en reconocer a la nueva administración y normalizar las relaciones diplomáticas y comerciales con Honduras. El pueblo hondureño –2.3 millones de electores– se hizo presente en la urnas para evitar la violencia a la que la polarización los conducía y para restaurar la estabilidad institucional. Eso hay que respetarlo y aplaudirlo.