Por Carlos A. Mendoza, CABI

En la década de los noventas el péndulo de la historia estaba claramente inclinado hacia la derecha del espectro ideológico. Internacionalmente, había fracasado el experimento socialista. Localmente, el populismo monetario del gobierno de Vinicio Cerezo, y la inflación que generó, habían impactado fuertemente los modelos mentales compartidos por las elites políticas y económicas, de tal forma que se aprovechó la reforma constitucional de 1993 para prohibir que el Banco de Guatemala otorgara financiamiento directo o indirecto al Gobierno de la República.

El artículo 133 de nuestra Constitución, literalmente dice: “Con la finalidad de garantizar la estabilidad monetaria, cambiaria y crediticia del país, la Junta Monetaria no podrá autorizar que el Banco de Guatemala otorgue financiamiento directo o indirecto; garantía o aval al Estado, a sus entidades descentralizadas o autónomas, ni a las entidades privadas no bancarias. Con ese mismo fin, el Banco de Guatemala no podrá adquirir los valores que emitan o negocien en el mercado primario dichas entidades. Se exceptúa de estas prohibiciones el financiamiento que pueda concederse en casos de catástrofes o desastres públicos, siempre y cuando el mismo sea aprobado por las dos terceras partes del número total de diputados que integran el Congreso a solicitud del Presidente de la República.”

Dicha modificación se aprobó teniendo como referencia el paradigma monetarista, según el cual más dinero en circulación siempre genera inflación. No se pensó en posibles situaciones de recesión económica, cuando se hace imprescindible satisfacer la demanda del público por más efectivo. Según, Krugman (1994), las operaciones de mercado abierto por medio de las cuales el Banco Central adquiere deuda emitida por el Gobierno son una forma digna de hacer política monetaria. Recordemos que Keynes sugería esconder botellas llenas de efectivo para que fueran encontradas por personas emprendedoras, mientras que para Friedman daba igual si el dinero se lanzaba de forma aleatoria desde un helicóptero.

La receta keynesiana indica que una política monetaria expansiva puede inducir a los agentes económicos (empresas y hogares) a reactivar el ciclo de consumo y producción. Krugman afirma que esta receta funcionó bien al aplicarse después del crash de octubre de 1987 (cuando el precio de las acciones cayó 23 por ciento en cinco días). Sin embargo, Keynes también se preocupó por los casos en los cuales la expansión monetaria no es suficiente, es decir, cuando la recesión se convierte en depresión económica. En dicho escenario nadie está dispuesto a consumir, no importa cuánto efectivo se posea. Es la llamada “trampa de liquidez”. Se considera que Inglaterra y los EEUU cayeron en dicha trampa a mediados de la década de los años treinta.

En eso casos extremos, la recomendación de Keynes es aumentar el gasto público. No es únicamente expansión monetaria, sino también expansión fiscal. Krugman, sin embargo, insiste que ésta es una estrategia de “desesperación, una droga peligrosa que sólo debe ser recomendada cuando los remedios usuales de política monetaria han fallado.”

Mi punto es que con la reforma constitucional de 1993 que, entre otros cambios, prohibió las operaciones de mercado abierto, se le quitó a la autoridad monetaria un mecanismo de inyección de dinero en la economía. Desde el punto de vista teórico, la justificación era evitar presiones inflacionarias. Desde una postura más ideológica, lo que se quería era disciplinar el gasto público, obligando al Estado a pagar “tasas de interés de mercado” por los recursos que requiriera. Otros dirían, por supuesto, que eso fue simplemente un mecanismo diseñado por el sector privado para aprovechar las necesidades de financiamiento del Estado y ganar fácilmente intereses, corriendo escaso riesgo.

Por otro lado, la cláusula de escape del artículo 133 deja lugar a cierta ambigüedad: ¿podría considerarse la actual crisis financiera mundial como una amenaza real capaz de generar una “catástrofe o desastre público”? Sin embargo, parece más difícil alcanzar el consenso político: ¿se podrían conseguir los votos de dos tercios del Congreso para levantar dicha prohibición al Banco de Guatemala? No lo sé. ¿Qué tan flexible serán los modelos mentales compartidos por las actuales elites políticas y económicas?

Seguro que cuando la situación apremie, los empresarios estarán a favor de la intervención estatal, ya sea vía expansión monetaria o fiscal. A los políticos seguramente habrá que darles sus bolsitas de dinero para ejercer en sus distritos el tan gustado clientelismo, así como se hizo en los EEUU para que se aprobara el billonario paquete de rescate financiero.

Referencia:

Krugman, Paul (1994). Peddling Prosperity. Economic Sense and Nonsense in the Age of Diminished Expectations.