Por Miguel Gutiérrez

La crisis financiera alrededor del mundo ha desnudado fortalezas y debilidades de los países, los gobiernos, las empresas y las personas. En Europa las debilidades se focalizaron en los gobiernos deficitarios y clientelistas, así como las fortalezas se hicieron evidentes en países más transparentes y disciplinados como Alemania y Francia. En EE.UU. las debilidades se focalizaron en una banca poco regulada y muy apalancada (endeudada) y las fortalezas en un aparato productivo musculoso y flexible (como su mercado laboral por la mano de obra hispana).
América Latina y Centroamérica no es la excepción, países fuertes y disciplinados como Chile, Perú y Brasil hicieron gala de fortaleza, así como Centroamérica de debilidad, particularmente El Salvador y Guatemala.
En Guatemala se hicieron evidentes las fortalezas y debilidades. Por un lado, un sector agrícola que ha incrementado su productividad de forma después de la crisis café en el año 2001 y un sector industrial que se ajusto rápidamente a pesar de la negación por parte de las autoridades de la crisis y la recesión de los años 2008 y 2009.
Donde el país tiene una clara debilidad es en sector público. Uno de los grandes problemas del país es un Estado disfuncional, una limitante determinante para que el país pueda crecer e incluir a todos los guatemaltecos en ese crecimiento incluyente.
No existen recetas mágicas para crecer al 8% o al 9% y reducir la pobreza modificando una Ley o varias, o escoger sectores a impulsar y que estos jalen las economías; estos enfoques han quedado desacreditados hace mucho tiempo. Hacer bien lo primero que hay que hacer es un reto que Guatemala no ha logrado abordar, ni siquiera a nivel conceptual y allí hay una responsabilidad de lo que se podría llamar elite pensante del país en materia económica como tanques de pensamiento y fundaciones de investigación, con acotado atrevimiento de señalar donde radican los problemas del país de forma directa y concreta en materia fiscal como monetaria, entre otros.
Se necesita que el Estado haga bien las cosas y contar con una política fiscal coherente para poder reducir la pobreza y generar desarrollo, sin dar este paso cualquier plan o propuesta se vuelve un deseo etéreo, romántico y sin sentido; una pérdida de tiempo, varias experiencias existen al respecto.
El centro del problema público hoy radica en: QUE EL PODER EJECUTIVO QUIERE LEGISLAR Y EL PODER LEGISLATIVO QUIERE EJECUTAR; y para ello ha pasado por encima de la Constitución y de la Ley Orgánica de presupuesto cada año.
Por Ejemplo, El Congreso de la Republica está facultado para aprobar o no los límites máximos de presupuesto, donde el presupuesto de ingresos es el piso, lo mínimo con lo que se puede operar y el de gastos es el techo, lo máximo que se puede gastar, nada más. . El Congreso está facultado solamente para aprobar o improbar los techos de gasto. El célebre listado geográfico de obras se hace a través de una distribución analítica que se aprueba a través de un acuerdo gobernativo.
Sin embargo, en el Congreso se decide todo y se dice que el Listado Geográfico de Obras, por ejemplo, es un anexo del presupuesto y es allí donde se burla la Constitución y la Ley, utilizando a los Consejos de Desarrollo (que no pueden ejecutar presupuesto ) para triangular obras que ejecutan las propias municipalidades y la ONG´s vinculadas, recibiendo más recursos que los que contempla la Constitución y el IVAPAZ, y los recientes prestamos del país se han canalizado en este tipo de obra, destruida ya gran parte por las lluvias al no cumplir con requisitos mínimos de obra y nadie quien pueda supervisar.
De forma abierta el Poder Legislativo se ha convertido en ejecutor de Obra violentando los principios constitucionales, y como tiene el poder de definición del gasto público (ilegalmente) ha venido cada vez adjudicando recursos en este tipo de obras, desde los celebres tiempos del Pacur, pero hoy en condiciones que están conduciendo al Estado a un desastre y crisis financiera.
Es por ello que, con cada gobierno, el Ministerio de Finanzas Publicas cada vez se encuentra más debilitado política y técnicamente, y los Ministros de Finanzas paulatinamente se han convertido de Gerentes Financieros del País a cajeros del gobierno de turno, derivando en una gestión financiera pésima y culposa.
De allí deriva el deterioro del poder público y la crisis financiera de la gran parte de Ministerios. Vea las emergencias con desastres naturales y el desabastecimiento de medicinas tienen al borde del colapso al sistema de salud; un país donde los policías no cuentan con papel higiénico en las estaciones, comisarias y serenazgos; y tienen que utilizar noticias, publicidad y columnas de opinión como la presente para atenderse.
Con todo esto la película sigue. Hoy se está llevando un acuerdo político en el Congreso de la Republica, de aprobar una serie de préstamos, alrededor de US$ 400 millones de deuda nacional, la mitad para atender deuda pública y la otra mitad, US$ 200 millones para el pago de planillas (que requiere de la creación de techo presupuestario que no existe, es decir, aumentar el presupuesto). El aprobar los préstamos y no modificar los techos presupuestarios quiere decir que los recursos no se van a planillas sino a obras a ser “ejecutadas” por ONG´s, es decir, aumentar la deuda del país para que el Poder Legislativo ejecute obra a través de ONG´s. Los economistas de este país tienen hoy la responsabilidad de señalar que:
1. El impago de planillas coloca al gobierno entrante en condiciones políticas y financieras delicadas frente a los servidores públicos (maestros y médicos)
2. El aprobar estos préstamos en estas condiciones coloca al gobierno en condiciones mucho más complicadas frente a los organismos multilaterales erosionando su credibilidad y posibilidades de apoyo técnico y financiero en el futuro.
3. Es una mala señal de las voluntades de la clase política en torno a los destinos del gasto público, complicando cualquier tipo de propuesta o negociación de mejora de ingresos tributarios, colocando al próximo gobierno en una situación más difícil para balancear el gasto y los ingresos.
4. El gobierno entrante tiene que reordenar la deuda para lo cual tiene que ordenar el gasto público y los ingresos. Aprobar estos préstamos en esas condiciones desordena aun más las finanzas públicas y generará nuevos retos para el gobierno en materia de renegociación de deuda.
En resumen sería una pésima señal de la clase política aprobar los prestamos en estas condiciones y para esos fines, ilegitimando cualquier propuesta de solicitud de ingresos adicionales, y surge una pregunta ¿Que tenemos los economistas que decir al respecto?

Por Miguel Gutiérrez, Central American Business Intelligence, Cabi

Corríeron los dos primeros años del actual gobierno, cuando el ejecutivo decidió entregar al Congreso de la Republica la política de gasto público, a cambio de una reforma fiscal sin aliados estratégicos, tanto dentro como fuera del gobierno. A partir de entonces, allá por el año 2008 el Ministro de Finanzas pasó de ser una figura de Gerente Financiero de la Nación, a cajero de turno del sector público.
La continuidad de operadores inexpertos y sin claridad en materia de política fiscal solamente acentuó la problemática de un presupuesto sin financiamiento y un gasto con rigideces políticas y operativas. Las condiciones fiscales se han convertido en centro de discusión, al punto que el manejo monetario y cambiario, que también carece de dirección y efectividad, queda en un segundo plano.

A ello se sumaron serios problemas de ejecución de obra pública, con una deuda flotante que hoy mantiene paralizados los trabajos de inversión y mantenimiento en más de un 70% y que aún con un clemente invierno, pueden conducir al país a un desastre vial extremo.
El déficit fiscal ha ido en aumento constante –y alarmante—de un 3.18% durante el año 2009, hasta un 3.30% del Producto Interno Bruto durante el año 2010.

Esta crónica sólo puede compararse con los de la salida del gobierno de Lucas García, que condujo a las devaluaciones y desbalances macroeconómicos en los subsiguientes periodos y; la de Vinicio Cerezo, que también condujo a procesos inflacionarios severos, depreciaciones y ajustes monetarios rara vez vividos en el país.
La formula que se utilizó reducir (aun mas) la funcionalidad que le quedaba al sector publico (y por lo tanto la eficiencia del Estado)ha sido un compuesto por demás sencillo pero efectivo: (1) el incremento del desbalance fiscal de forma estructural, dada la caída de los ingresos y el incremento del gasto público; y (2) falta de transparencia en el gasto y la inversion.
En cuanto a la sostenibilidad de la deuda pública, el gasto público está creciendo por encima de las posibilidades que brindan los ingresos y que se están financiando con deuda. Esto no puede ser sostenible en el largo plazo sin que Guatemala sufra una modificación en sus calificaciones de riesgo soberano y enfrente dificultades para financiar el gasto público en el futuro próximo. Existen algunos indicadores que muestran este deterioro. El primero es la relación deuda/pib. Aunque estos niveles de deuda pública son inferiores a los de otros países de América Latina, hay que tomar en cuenta que los ingresos del sector público guatemalteco son más bajos también. Entonces, si se compara la relación entre deuda pública e ingresos públicos, puede verse que el deterioro es significativo
En cuanto a la ejecución del gasto, durante el período 2007 al 2010, se agravaron distintos problemas de falta de transparencia en el gasto público. La ejecución por fideicomisos aumentó considerablemente durante el año 2007 y es preocupante que prácticamente una décima parte del presupuesto se maneja por esta vía, sin un control de cuentas adecuado y sin que Contraloria de Cuentas tome cartas en el asunto.
Si a ello se suma la ejecución ONG´s el gasto inauditable es de más o menos del 14% del gasto total del gobierno central

FUENTE: CABI

Ante el manifiesto problema fiscal del país y la ausencia de operadores funcionales en el area económico-financiera del sector público durante los últimos años, se esta tomando una responsabilidad deducida para los tanques de pensamiento y analistas, de levantar la discusión de forma seria, evitando propuestas sobre simplificadas, las reformas a proponer necesitan de una integralidad básica para contar con viabilidad política. La transparencia del gasto publico es un ingrediente que no puede faltar a las propuestas de balance y ordenamiento de la tributación.

Por Miguel Gutiérrez (*), Cabi

Las ciencias económicas han caminado durante los últimos 15
años hacia una transformación radical, donde los consensos prevalecen y se logran a través del contraste de las teorías con la realidad.

En el área macroeconómica han quedado en desprestigio las inadecuadas interpretaciones tanto de Keynes como de Friedman. Hoy en día se ve cómo, sin mayores discusiones, las autoridades monetarias y fiscales cuentan con consensos conceptuales de gran difusión. Pero para alcanzar esos acuerdos con el mainstream económico, el Estado debe cumplir con ciertos roles básicos, como la provisión de infraestructura, la defensa y seguridad, la justicia, la administración macroeconómica, y la supervisión del sistema financiero. Además, debe velar por una equidad mínima, garantizando educación y salud para la mayoría de su población, a la vez que promueve una agenda de investigación y desarrollo tecnológico para el incremento de la productividad.

Todos estos roles que, debe cumplir el Estado moderno en
una sociedad civilizada en términos occidentales y en condiciones democráticas, tienen un costo y por ello es necesario financiarlo a través de lo que conocemos como “los dolorosos impuestos”. No hay almuerzo gratis dijo el Nobel Friedman y los bienes públicos que se han descrito anteriormente son caros. La legitimidad de estas funciones y la justificada necesidad de ingresos para su ejecución por parte del Estado, es algo legítimo también. De allí la importancia de los acuerdos o pactos fiscales que permiten legitimar una agenda de acuerdos en materia de ingresos y egresos.

Sin embargo, uno de los pocos elementos que envenenan de forma mortal una agenda de acuerdos o pactos fiscales es la opacidad y corrupción en el gasto e inversión pública. Hagamos una revisión del tema en Guatemala. Estamos frente a una emergencia nacional ocasionada por desastres naturales y agravada por el desabastecimiento de medicinas, que tienen al borde del colapso al sistema de salud. Tenemos un país donde los policías no cuentan con papel higiénico en las comisarías y tienen que utilizar noticias, publicidad y columnas de opinión como la presente, para atenderse. Y frente a este panorama, ¿Cuales son las acciones para atender tan apremiante situación? Comprar a granel pick ups nuevos, susceptibles para ser usados en campaña electoral; o entregar la obra pública a ONG´s, donde la posibilidad de auditoría pública y/o social es mínima e inversa a los grandes márgenes de ganancias y posibles comisiones. Esto sin contar con los dudosos estándares de calidad en las obras realizadas, un hecho que quedó en evidencia en el presente invierno.

La convocatoria a un pacto fiscal en un contexto de credibilidad tan bajo y de confrontación tan explícita, no encuentra mayor sentido de oportunidad política; pese a lo urgente que resulta la búsqueda de una solución al déficit fiscal estructural e incrementado después de la crisis.

Sin embargo, con el afán de buscar consensos, una señal de buena voluntad, sobre todo en tiempos pre-electorales, sería la prohibición de ONG´s para la ejecución de obras públicas; así como la eliminación de los fidecomisos públicos. Además, tendrán que tenderse puentes de interlocución con los diversos sectores y esperar a que disuelva el ambiente de conflicto por la vía del diálogo y la negociación.