Por Miguel Gutiérrez
Uno de los factores más sobresalientes del presente gobierno ha sido la ausencia de operadores funcionales, en gran parte de los ámbitos de política publica. En el área de seguridad: sin palabras, se carece de la información mínima para actuar de forma articulada contra el crimen. Si no se ha logrado hacer algo con la delincuencia (robo de celulares, asalto a buses, maras y asaltos) ni hablar de hacer algo contra el crimen organizado que muchos perciben forma parte de las estructuras del Estado ya.
En el área de infraestructura, como no había pasado en décadas, el mantenimiento y la obra se encuentran paralizados por un inapropiado manejo de la ejecución financiera de la obra y el incremento desmedido de la deuda flotante. Hoy el país no cuenta con recursos ni para el mantenimiento de la infraestructura del país, que de no reactivarse antes de que el invierno se acentué se puede incurrir en daños mayores a las carreteras del país.
En el ámbito de salud, no ha podido haber mayor destrucción del sistema de salud que en la actualidad. Dato confirmado, este gobierno no ha construido un centro de salud ni hospital. Han colocado atención de centros de salud 24 horas con los celebres Centros de Atención Permanente, pero estos servicios no cuentan con el respaldo de una resolución ministerial, ni con recursos adicionales, por consiguiente. ¿Cómo se puede hablar de servicios gratuitos si no se incrementan los recursos? es decir que, la política social en el área de salud es del diente al labio.
En materia de gestión de conflictos la misma historia. Después de tres años y medio, no se ha demostrado la capacidad de la definición e implementación una política integral sobre explotación de recursos naturales, sobre todo en de minería e hidroeléctricas, una política que manifieste que tipo de economía y desarrollo social se requiere o se pretende seguir solo ha incrementado el conflicto. Con una política integral los actores tienen directrices y compromisos que cumplir, tanto corporaciones, comunidades e inversionistas; si no se define esto como país, los conflictos prevalecerán e incrementaran (como se evidencia actualmente)
En política social, no se puede evaluar el programa de transferencias condicionadas (MIFAPRO), no existe línea base, indicadores ni formas de hacer auditoria de impacto. Un programa que tiene todos los errores que otros países tuvieron décadas atrás, difícilmente tenga un balance positivo en materia de nutrición infantil y educación; como el programa pretende. Los operadores en este tema son de muy bajo nivel y conocimiento del tema; difícilmente podrían participar de una inevitable reestructuración del programa, si en algún momento el interés genuino es romper con el círculo de la pobreza de los niños en Guatemala.
Y por supuesto el área económica no es la excepción. Hoy gabinete económico no cuenta con ningún economista, y Junta Monetaria Tampoco. ¿Será que la debacle fiscal deriva de ello? ¿Será que el estancamiento del crédito y el crecimiento económico mediocre deriva de ello? Tal vez un poco aunque lo que se percibe dados los ejemplos previos lo único integral es la disfuncionalidad en política pública. Vaya reto para el próximo gobierno.






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