Por Miguel Gutiérrez (*), Cabi
Las ciencias económicas han caminado durante los últimos 15
años hacia una transformación radical, donde los consensos prevalecen y se logran a través del contraste de las teorías con la realidad.
En el área macroeconómica han quedado en desprestigio las inadecuadas interpretaciones tanto de Keynes como de Friedman. Hoy en día se ve cómo, sin mayores discusiones, las autoridades monetarias y fiscales cuentan con consensos conceptuales de gran difusión. Pero para alcanzar esos acuerdos con el mainstream económico, el Estado debe cumplir con ciertos roles básicos, como la provisión de infraestructura, la defensa y seguridad, la justicia, la administración macroeconómica, y la supervisión del sistema financiero. Además, debe velar por una equidad mínima, garantizando educación y salud para la mayoría de su población, a la vez que promueve una agenda de investigación y desarrollo tecnológico para el incremento de la productividad.
Todos estos roles que, debe cumplir el Estado moderno en
una sociedad civilizada en términos occidentales y en condiciones democráticas, tienen un costo y por ello es necesario financiarlo a través de lo que conocemos como “los dolorosos impuestos”. No hay almuerzo gratis dijo el Nobel Friedman y los bienes públicos que se han descrito anteriormente son caros. La legitimidad de estas funciones y la justificada necesidad de ingresos para su ejecución por parte del Estado, es algo legítimo también. De allí la importancia de los acuerdos o pactos fiscales que permiten legitimar una agenda de acuerdos en materia de ingresos y egresos.
Sin embargo, uno de los pocos elementos que envenenan de forma mortal una agenda de acuerdos o pactos fiscales es la opacidad y corrupción en el gasto e inversión pública. Hagamos una revisión del tema en Guatemala. Estamos frente a una emergencia nacional ocasionada por desastres naturales y agravada por el desabastecimiento de medicinas, que tienen al borde del colapso al sistema de salud. Tenemos un país donde los policías no cuentan con papel higiénico en las comisarías y tienen que utilizar noticias, publicidad y columnas de opinión como la presente, para atenderse. Y frente a este panorama, ¿Cuales son las acciones para atender tan apremiante situación? Comprar a granel pick ups nuevos, susceptibles para ser usados en campaña electoral; o entregar la obra pública a ONG´s, donde la posibilidad de auditoría pública y/o social es mínima e inversa a los grandes márgenes de ganancias y posibles comisiones. Esto sin contar con los dudosos estándares de calidad en las obras realizadas, un hecho que quedó en evidencia en el presente invierno.
La convocatoria a un pacto fiscal en un contexto de credibilidad tan bajo y de confrontación tan explícita, no encuentra mayor sentido de oportunidad política; pese a lo urgente que resulta la búsqueda de una solución al déficit fiscal estructural e incrementado después de la crisis.
Sin embargo, con el afán de buscar consensos, una señal de buena voluntad, sobre todo en tiempos pre-electorales, sería la prohibición de ONG´s para la ejecución de obras públicas; así como la eliminación de los fidecomisos públicos. Además, tendrán que tenderse puentes de interlocución con los diversos sectores y esperar a que disuelva el ambiente de conflicto por la vía del diálogo y la negociación.




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