por Paulo De León, CABI
Artículo que salió en El Periódico. Pinche aqui
Reducir el déficit fiscal por debajo de 2 por ciento del PIB debiera ser una prioridad y una meta de corto plazo.
Los gobernantes tienen que saber oír a la población, en especial cuando hay malestar por alguna decisión política; pero también tienen que contrastarla con los tecnócratas. Cuando ambas están alineadas en contra de una medida se puede decir que tienen legitimidad, pero también fundamento técnico; y se debiera de recular.
Algo así paso con la propuesta de Presupuesto que envió el Ejecutivo, fue aprobada por el Congreso y la Junta Monetaria dio su visto bueno. La reacción de la población fue de un rechazo total por dos razones fundamentales que preocupan a todo ciudadano, incluyéndome: endeudamiento sin razón y una percepción cada vez mayor que la corrupción está enraizada en el aparato estatal.
No es que la corrupción sea nueva en el país, lleva décadas penetrando las instituciones públicas y erosionando su razón de ser y su capacidad. Lo que sí es nuevo, es que además de esa corrupción, el endeudamiento sugerido era totalmente irresponsable. Se podría decir, a manera de chiste trágico, que antes, pues, había corrupción, pero no nos endeudaba tanto.
Yéndonos a la parte técnica y dejando de lado el sentir ciudadano. El Presupuesto incurría en un déficit superior al cuatro por ciento para el año 2021. Sería el segundo consecutivo de dichas dimensiones. Es entendible que, en año de recesión causada por la pandemia, se incurra en ese nivel de déficit. Todos los países lo sufrieron. Lo que no es entendible es que los déficits sin fundamento, sin transparencia y sin responder a una estrategia de desarrollo integral o a las necesidades de los más necesitados perduren más allá del 2020.
Si bien Guatemala no tiene un problema de nivel de endeudamiento, lo preocupante de un déficit superior a cuatro por ciento del PIB; es la tasa de cambio en dicho nivel de endeudamiento. Si uno revisa las prospecciones de los países de América Latina para el periodo 2019-2021, y si se da el déficit superior a cuatro por ciento, Guatemala tendría el mayor deterioro porcentual en su nivel de deuda como porcentaje del PIB de todo el subcontinente. En otras palabras, es la velocidad del deterioro del nivel lo preocupante y no tanto el nivel de partida.
A ese ritmo de endeudamiento en dos o tres años, el país habría erosionado la famosa estabilidad macroeconómica como nunca lo habría hecho, en al menos cinco décadas. La estabilidad macro es como la salud, dicen algunos, sólo se valora cuando se pierde.
Como el Presupuesto presentado por el Minfin no vino acompañado de un manejo de perspectivas futuras, es decir, un plan de estabilización del déficit para un horizonte de tres años (lo que le falta a la administración actual) y dado el ‘track record’ de los gobiernos, los agentes racionales económicos pensamos dos cosas: uno, no hay plan de estabilización y dos, no hay deseo de mantener la estabilidad macroeconómica.
Diversos actores técnicos nacionales y empresarios de avanzada que entienden estos temas ya se pronuncian en los pasillos (virtuales) sobre este problema. Entendemos que no es un peligro inminente para el 2021 sino para los años venideros.
El Gobierno debiera de oír a la población y a los técnicos y enmendar. Que prevalezca la cordura financiera y entrarle de lleno a los verdaderos problemas internos del Gobierno: falta de transparencia, gastos superfluos, ausencia de estrategias y políticas de largo plazo, grasa estatal y por supuesto la galopante percepción de corrupción. No pretendan venir con nuevos impuestos que alterarían aún más las perspectivas económicas del país. No tiene sentido meterle gasolina a un tanque que tiene un hoyo (corrupción). Primero, arreglemos el tanque, a lo mejor alcanza, luego vemos si es necesario meterle más gasolina.
¿Cuál es su propuesta? diría alguno. Reducir el déficit fiscal por debajo del dos por ciento del PIB debiera ser una prioridad y una meta de corto plazo.
