por Carlos A. Mendoza, CABI
Zelaya, Micheletti y la OEA: error tras error
Primer error. Zelaya intenta ganar legitimidad para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, con objetivos inconfesados. Para ello “juega en el límite de la legalidad” tratando de realizar una “encuesta de opinión” que, en el mejor de los casos, contradice el espíritu de la Constitución. En su testarudez desacata las órdenes de los demás Organismos e Instituciones democráticas de Honduras. La crisis agudiza el clásico problema del presidencialismo, el de competencia entre las legitimidades del Congreso y el Ejecutivo. Finalmente, el sistema no soporta la presión y cede.
Segundo error. El Congreso Nacional maniobra de forma poco transparente y precipitada, sin saber qué hacer ante el vacío Constitucional para destituir a un Presidente del Ejecutivo que viola el marco institucional. Posiblemente, fabricaron evidencia (la supuesta carta de renuncia de Zelaya), utilizaron innecesariamente exceso de fuerza pública para capturar al Presidente y, finalmente, deciden “deshacerse” de él enviándolo a Costa Rica. Se evitaron, temporalmente, alguna contra-movilización interna, pero provocaron una movilización internacional sin precedentes. Además, también perdieron algo de legitimidad al intentar castigar a quien infringe la ley por medio de otra infracción a la misma.
Tercer error. La Organización de Estados Americanos, donde los Estados son representados por los Organismos Ejecutivos, pega el grito al cielo y se rasga las vestiduras, pero viola su propia Carta Interamericana pro-democracia. En el artículo 20 de la misma se establece que “En caso de que en un Estado Miembro se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático, […]. El Consejo Permanente, según la situación, podrá disponer la realización de las gestiones diplomáticas necesarias, incluidos los buenos oficios, para promover la normalización de la institucionalidad democrática.” Sin embargo, la OEA determina imponer un ultimátum a los Organismos e Instituciones hondureñas democráticamente electas y constituidas sin, ni siquiera, haberlas escuchado. Dicen que no les hablan (el principal gesto diplomático) porque no quiere reconocerles legitimidad alguna, como que si se tratara de un grupo de bandidos alzados en armas que usurpó el poder porque se les dio la gana.
Debido a los tres errores políticos señalados, quienes han salido más perjudicados son: En primer lugar, el pueblo hondureño, que se ha polarizado a niveles que fácilmente podrían desembocar en violencia fratricida. Además, están siendo víctimas de un bloqueo económico sin sentido, como que si las lecciones del también testarudo bloqueo estadounidense a Cuba no fueran suficientes. En segundo lugar, ha sido dañada la democracia hondureña que todos dicen defender. Parece que no se quiere entender que la democracia es un régimen político constituido por un conjunto de instituciones, organizaciones y reglas del juego, que permiten que el poder se ejerza con legitimidad, precisamente para evitar la competencia violenta entre las élites que desean administrar el poder del Estado. La Presidencia de una República no es la única institución democrática que merece respeto y defensa. También lo merecen el Organismo Legislativo, la Corte Suprema de Justicia, y otras instituciones que completan el andamiaje democrático establecido por la Constitución, y sin el cual nada se sostiene.
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La remoción del Presidente José Manuel Zelaya Rosales por parte de las Fuerzas Armadas en la madrugada de ayer domingo 28 de junio, rompe paradigmas de la historia política contemporánea de América Latina. Por primera vez en la era de la post Guerra Fría (desde 1989 hasta la fecha), un ejército depone un Presidente constitucional y democráticamente electo, para restaurar el Estado de Derecho, y no para romper el Estado de Derecho en un país, como era característico de los militares en épocas anteriores.
Este caso no se puede catalogar como un “golpe de Estado”, ya que no cumple con dos rasgos fundamentales de dicho fenómeno político: toma del poder por parte del estamento militar y quebrantamiento del Estado de Derecho. La acción tomada por las Fuerzas Armadas de Honduras fue basada en una orden judicial y su propósito fue restablecer el Imperio de la Ley (rule of law), el cual estaba siendo violentado consistentemente por el propio Presidente del Poder Ejecutivo, al desconocer las disposiciones del Poder Judicial y del Poder Legislativo (checks and balances). Luego de la intervención de las Fuerzas Armadas, la Constitución Política sigue vigente ya que se respetó plenamente la sucesión de poder establecida por la Carta Magna, con lo cual se nombra un nuevo Presidente Constitucional.
Y es que desde el punto de vista de la politología, Honduras sentó ayer un precedente, el cual sin duda pasará a ser un caso de estudio de universidades, diplomáticos y políticos alrededor del mundo.. Por primera vez en Latinoamérica, el pueblo se rebela, sin derramamiento de sangre y sin violencia, contra un Presidente constitucional y democráticamente electo, por violar disposiciones legales y la institucionalidad vigente en el país.
Por eso es que la prensa internacional, los organismos internacionales y gobiernos alrededor del mundo, no han comprendido aún el contexto y la esencia de este caso, y están condenando lo que ha sucedido en Honduras, pues lo están analizando en base a conceptos propios del viejo paradigma de los golpes de Estado durante la época de la Guerra Fría. La comunidad internacional, pública y privada, aún no ha tenido el tiempo, ni los elementos, para percatarse que en Honduras ayer se rompió un modelo y que se trata de un caso completamente sui géneris.
La lección que dio Honduras al mundo ayer es clara: aunque un Presidente haya sido electo democrática y legítimamente, no tiene derecho a desobedecer la Constitución y las leyes de la República. Los pueblos ya no están dispuestos a tolerar ese tipo de abusos de poder de los Presidentes constitucionales, que muchas veces se consideran intocables, por el mismo hecho de haber sido electos por el pueblo. El mensaje de Honduras es simple: el voto popular no incluye una licencia para delinquir, y todo esfuerzo para gobernar por el bien común debe estar dentro del marco de la ley.
http://lahondurasposible.blogspot.com/2009/06/honduras-rompe-paradigma-en-america.html
Con el afán de aportar a la discusión abierta, tolerante y sobre todo informada más allá de los medios tradicionales, espero que publiquen este artículo.
Atentos saludos. Alba
HONDURAS.
POLÍTICOS, EMPRESARIOS Y MILITARES: PROTAGONISTAS DE UN GOLPE ANUNCIADO
Leticia Salomón
A. LOS HECHOS
1. LA DETENCIÓN Y EXPATRIACIÓN DEL PRESIDENTE
El domingo 28 de junio de 2009, un contingente de militares rodearon la residencia del Presidente de la República, Manuel Zelaya Rosales (2006-2010), lo detuvieron, lo trasladaron a la Fuerza Aérea Hondureña y lo enviaron a Costa Rica, en un acto similar al que realizaban los militares en el pasado cuando querían deshacerse de los antiguos Jefes de las Fuerzas Armadas. El detonante principal fue la convocatoria a una encuesta de opinión a realizarse ese mismo día, promovida por el Presidente de la República, a través de la cual se le consultaría a la ciudadanía si deseaba que en las elecciones de noviembre se colocara una cuarta urna (las otras tres corresponden al Presidente, a los diputados y a los alcaldes) para votar por la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente en el 2010, cuyo fin primordial sería la elaboración de una nueva Constitución de la República.
2. EL PROCESO DE PRODUCCIÓN DEL GOLPE DE ESTADO
El golpe de Estado se venía gestando desde varios días atrás, alimentado por una confrontación creciente entre los tres poderes del Estado, específicamente entre los poderes Legislativo y Judicial contra el Poder Ejecutivo. Una de las manifestaciones más evidentes fue el desconocimiento por dos poderes del Estado, de la decisión del Presidente de la República de destituir al Jefe del Estado Mayor Conjunto, General Romeo Vásquez Velásquez, por negarse a cumplir una orden del Ejecutivo, facultad establecida en la propia Constitución de la República que se enmarca dentro de la subordinación jerárquica de las Fuerzas Armadas al poder legítimamente constituido. La restitución del mencionado General en su cargo en una operación relámpago por parte de la Corte Suprema de Justicia y similar acción por parte del Congreso Nacional, que llegó al extremo de declarar héroe nacional al militar, constituyó un atentado a la independencia de poderes y llevó al límite la negativa de ambos poderes a realizar una consulta ciudadana.
La decisión de consumar el golpe de Estado se tomó el jueves 25 de junio cuando el mismo Presidente del Congreso pidió al pleno declarar deshabilitado al Presidente de la República para continuar desempeñando su cargo, y procedió a constituir una Comisión de Dictamen cuya resolución no se produjo con la celeridad que se esperaba, lo que unido a la cautela del Embajador de los Estados Unidos para apoyar la inhabilitación, impidió que el golpe de Estado se consumara ese mismo día.
3. EL DESENCADENANTE
La Constitución vigente en Honduras data de 1982 y en ella no se contemplan los mecanismos para revisarla y crear una nueva. Los constituyentes de la época, conscientes de las debilidades de los partidos políticos tradicionales, establecieron un conjunto de artículos denominados “pétreos” y una advertencia encaminada a considerar como delito cualquier intento de reformarla. La iniciativa del Presidente Zelaya de impulsar una consulta/encuesta ciudadana para preguntarle a la ciudadanía si quería que se colocara una cuarta urna en las elecciones generales de 2009, para decidir sobre la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente que se encargaría de reformar la constitución, recibió una reacción adversa de la clase política que recordaba constantemente que en el pasado autoritario esa propuesta llevaba implícita un golpe de Estado y, derivado de ello, el empeño continuista del Presidente de la República. A partir de ese momento, todo intento del Presidente para realizar la consulta chocaba con la oposición del Poder Legislativo, primero, y del Poder Judicial, después. Ambos intensificaban su oposición emitiendo constantes y veloces fallos de ilegalidad a las iniciativas del poder Ejecutivo, relacionadas con la cuarta urna, ya sea en la fase de consulta o en la fase de encuesta.
B. LA ALIANZA POLÍTICO-ECONÓMICA-MEDIÁTICA
Lo anterior permitió la confluencia de intereses diversos:
1. intereses político-partidarios, que aglutinaron a seguidores del Presidente del Congreso Nacional, Roberto Micheletti, candidato perdedor en las elecciones primarias del partido Liberal, con un fuerte resentimiento con el presidente del Poder Ejecutivo por no haberle dado el apoyo suficiente para asegurar su triunfo; militantes del partido Nacional, que vieron la iniciativa del Presidente Zelaya como una amenaza al triunfo del candidato de su Partido, Porfirio “Pepe” Lobo; diputados de dos de los tres partidos pequeños, Pinu y Democracia Cristiana, que se posicionaron al lado del presidente del Congreso Nacional en la confrontación de poderes del Estado (la excepción la constituyó el partido Unificación Democrática de tendencia izquierdista y con muy poca representación en el parlamento).
2. Intereses político-institucionales, en torno a los que se agruparon las siguientes instituciones: a) Corte Suprema de Justicia, de cuyos miembros ocho son del partido Liberal, incluido su presidente, y siete son del partido Nacional. Todos ellos fueron nombrados por el Congreso Nacional a propuesta de una Junta Nominadora, pero todos guardan un alto nivel de subordinación hacia el partido que votó por ellos y, en el caso del Presidente (de la Corte Suprema) mantiene una relación de dependencia directa con respecto al Presidente del Congreso Nacional b) Ministerio Público, dirigido por el Fiscal General, perteneciente al partido Liberal, y el Fiscal General Adjunto, del partido Nacional, ambos nombrados recientemente por el Congreso Nacional luego de fuertes negociaciones entre las bancadas en las que el presidente Micheletti jugó un papel activo c) Procuraduría General de la República, liberal nombrada por el Congreso Nacional y con fuerte dependencia de su partido d) Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, reelecto por el Congreso Nacional luego de intensas negociaciones con el partido Liberal y e) Tribunal Supremo Electoral, organismo altamente partidizado cuyo presidente pertenece al partido Liberal y mantiene vínculos directos con el presidente del Congreso.
3. Intereses económicos, que juntaron a dirigentes empresariales de las organizaciones gremiales, Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) y Asociación Nacional de Industriales (ANDI), que estaban disgustados con la decisión presidencial de aumentar unilateralmente el salario mínimo en diciembre anterior, a pesar de la negativa empresarial a aumentarlo.
4. Intereses mediáticos, que hicieron confluir a los principales dueños de medios de comunicación a) Rafael Ferrari, del Partido Liberal, dueño de canales de televisión 3, 5 y 7, y de una cadena de radio y varias radios menores, b) Carlos Flores, también del Partido Liberal, ex presidente de Honduras y dueño de Diario La Tribuna, de mucha influencia en la zona central del país y padre de la Vicepresidenta del Congreso Nacional a quien colocó por su amistad con Roberto Micheletti, entonces Presidente del Congreso Nacional, con una relación de dependencia hacia el ex presidente; c) Jorge Cañahuatti, del Partido Nacional, dueño de los diarios El Heraldo y La Prensa, con fuerte influencia en la zona central el primero y nacional el segundo, confrontado con el gobierno desde el inicio, por cuestiones partidarias y por quedar excluido de los contratos del gobierno. Desde dos años atrás el presidente comenzó a señalar a los “poderes fácticos” que lo presionaban para conseguir beneficios económicos, dentro de los cuales se encontraban los empresarios de medios de comunicación y otras actividades económicas, que se han señalado.
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C. LOS ARGUMENTOS SEÑALADOS
1. El presidente quería imponer la democracia participativa
La clase política del país, representada en el Congreso Nacional a través de los partidos actualmente constituidos, ha manifestado una resistencia creciente a aceptar nuevas formas de democracia, como la participativa, argumentando que la democracia representativa es la única forma de ejercicio de la democracia y que los diputados al Congreso Nacional son los únicos facultados para opinar sobre los asuntos públicos. La idea de consultar a la ciudadanía para opinar sobre un asunto de trascendencia nacional, como la creación de una nueva Constitución adaptada a los cambios que ha experimentado el contexto nacional e internacional luego de 28 años de haber sido emitida, alteró la calma legislativa y sus diputados comenzaron a argumentar que la Constitución de la República no se podía cambiar porque los constituyentes que emitieron la Constitución de 1982, actualmente vigente, decidieron que habían artículos pétreos que hacían imposible que la Constitución fuera reformada.
2. El Presidente desobedeció las órdenes judiciales
La insistencia del Presidente de la República de continuar adelante con la idea de la cuarta urna, pese a la oposición del Poder Legislativo, secundada por el Poder Judicial, llevó al límite la confrontación entre los poderes del Estado y todos ellos terminaron con argumentaciones y contra argumentaciones jurídicas que evidenciaron la politización partidaria del Poder Judicial que se posicionó al lado del Poder Legislativo en el conflicto entre Poder Legislativo y Poder Ejecutivo. De esta manera, lo que pudo haber sido un conflicto exclusivamente jurídico, que debía resolverse en los tribunales de Justicia, se convirtió en un problema esencialmente político que se manejó públicamente como problema jurídico, aunque privadamente, a través de negociaciones entre el Poder Ejecutivo y la alianza político-económica-mediática, se manejó como un problema político.
3. El Presidente pretendía continuar en el poder
El argumento del continuismo comenzó a ser utilizado por el Congreso Nacional, secundado por los dueños de medios de comunicación, la empresa privada, sectores conservadores, personas y grupos interesados, y militares retirados que comenzaron a plantar la idea de que el presidente quería continuar en el poder, a pesar de su reiterada afirmación de que él estaría en el gobierno hasta el último día de su mandato y que la Asamblea Nacional Constituyente sería tarea del nuevo gobierno que iniciaría en el 2010. En esta percepción pudieron influir declaraciones iniciales contradictorias por parte de funcionarios allegados al Presidente de la República, que pudieron contribuir a confundir a los sectores en confrontación sobre este tema, aunque el mismo adquirió su propia dinámica y comenzó a repetirse una u otra vez por parte de todos los componentes de la alianza política-económica-mediática, hasta lograr un alto nivel de manipulación y desinformación.
4. El presidente quería instaurar el comunismo en el país
La cercanía del Presidente Zelaya con los países integrantes de la Alianza Bolivariana de las Américas (ALBA) y Petrocaribe, le creó una imagen de centro izquierda que incomodó a empresarios y políticos que comenzaron a asociar todas las decisiones gubernamentales con acciones encaminadas a instaurar el comunismo en el país, situación que fue hábilmente manipulada por los medios de comunicación y repetida insistentemente por los militares retirados que adquirieron un protagonismo creado y estimulado por las fuerzas opositoras al gobierno. La cercanía a los países de la ALBA, en particular, Venezuela, Nicaragua y Cuba, les llevó a estigmatizar a gobierno y ciudadanos de estos países, y a considerar que la presencia de sus diplomáticos en el país constituía una amenaza para la democracia.
5. El Presidente ha incumplido sus funciones
El tema de la cuarta urna desplazó a todos los otros temas de la agenda nacional, acaparando la atención de legisladores, funcionarios y medios de comunicación, al extremo que medios de comunicación de la alianza político-económica-mediática dedicaban espacios casi completos a cuestionar el tema y, por supuesto, el gobierno utilizaba el canal del Estado y un par de canales más, para defender su posición en torno a la cuarta urna. La alianza opositora continuó cuestionando la insistencia presidencial en mantener el tema y decidieron cuestionarlo por la falta de atención, que según ellos, le restaba a la fiebre AH1N1, inundaciones y terremotos.
D. EL PAPEL DE LOS MILITARES
Conforme avanzaba la confrontación entre poderes del Estado, en una evidente crisis de ingobernabilidad política, la alianza opositora comenzó a acercarse al Jefe del Estado Mayor Conjunto, General Romeo Vásquez Velásquez, y a la Junta de Comandantes, para pedirles que no obedecieran las órdenes del presidente de la República, de repartir las cajas para la encuesta de opinión en todo el país. A la vez que negociaba con la cúpula militar en privado, colocaba en la agenda pública a militares retirados, protagonistas de la década de los ochenta, formados en plena guerra fría, reafirmando posiciones anticomunistas, incitando a la desobediencia y haciendo llamados a la insubordinación de los militares activos. La crisis permitió que personajes sumados en el anonimato adquirieran visibilidad y se convirtieran en referentes notables para los medios de comunicación de la alianza opositora, militarizando la agenda de los medios y polarizando la sociedad en dos grupos fuertemente enfrentados, los que estaban a favor y los que estaban en contra. La destitución del Jefe del Estado Mayor y la renuncia del Secretario de Defensa, Edmundo Orellana, fue una consecuencia lógica de la presión político-jurídica a que se vieron enfrentados los militares durante varios días de confrontación.
Hasta ese momento las Fuerzas Armadas aparecían como víctimas de la polarización civil en el plano político. A partir de ahí y luego de la restitución político-judicial del General en su cargo, y después de su reconocimiento público en el Congreso Nacional como “héroe nacional”, por haberle desobedecido al Presidente de la República, el militar comenzó a participar en marchas y protestas callejeras, y a dar entrevistas para los medios opositores, definiéndose claramente del lado de la alianza político-económica-mediática. La Junta de Comandantes, constituida por los Jefes de las tres fuerzas y el Inspector General, además del propio Jefe del Estado Mayor Conjunto, decidió involucrarse en la confrontación tomando partido por la alianza opositora y ejecutando el golpe de Estado de la mañana de 28 de junio. Muchos años de profesionalización y creciente subordinación militar a los gobiernos legítimamente constituidos fueron echados por la borda por los Comandantes militares que prefirieron anteponer sus intereses y rencores particulares, y sucumbir ante el poder económico y político, cometiendo uno de los errores más grandes que marcarán negativamente a su institución. En estos 28 años de construcción democrática, las Fuerzas Armadas lograron construir paso a paso una fuerte legitimidad ante la sociedad, al grado que aparecían en las encuestas con un nivel de aceptación similar al de la iglesia católica. Verlos en la calle, al lado de la Policía, persiguiendo y golpeando a ciudadanos hondureños que se plantaron para rechazar el golpe de Estado, representa un retroceso grave por el cual pagarán su precio ante la historia y ante la sociedad.
E. LAS CONTRADICCIONES DEL CONGRESO NACIONAL
Lo ocurrido en el Congreso nacional durante el domingo 28 de junio pasará a la historia del país como un ejemplo de los extremos a los que puede conducir la combinación de intolerancia, manipulación del significado de la democracia, intereses personales, ideologización del conflicto político y rivalidades intrapartidarias. Lo más lamentable es la reproducción de los viejos métodos militares que combinaban mentiras sostenidas como verdades, silencio oficial ante la situación crítica, sometimiento de los medios de comunicación opuestos al golpe, desinformación, ausencia de información sobre lo que ocurre, intervención de teléfonos, detención de funcionarios, represión de manifestantes, interrupción del fluido eléctrico, intento de controlar la comunicación electrónica y auto proclamación como defensores de la nación. Lo anterior dio lugar a una serie de contradicciones en que incurrieron los diputados y allegados, reproducidas fielmente por los medios de comunicación, las cuales se resumen en lo siguiente:
1. La carta de renuncia del Presidente del Ejecutivo
La justificación del golpe de Estado fue la renuncia que supuestamente había firmado y sellado el presidente de la República el domingo 28 de junio, en la que indicaba que lo hacía por razones de salud y para preservar la paz de la nación. La carta presentaba fecha del jueves 25 de junio, fecha en que se había planificado el golpe de Estado como producto de las conversaciones entre el presidente del Congreso Nacional y el Jefe del Estado Mayor Conjunto y en la cual esperaban inhabilitar al Presidente de la República.
2. Sustitución versus derrocamiento
La argumentación central utilizada por los diputados del Congreso Nacional es que ante el vacío dejado por la renuncia del Presidente de la República, el Congreso Nacional se ve obligado a sustituirlo por el Presidente del Congreso, a quien le toca constitucionalmente la sucesión en el cargo. Sin embargo, ellos mismos y sus allegados han caído en contradicciones al repetir que el presidente ha sido derrocado, relevado de su cargo, inhabilitado o separado del mismo por incumplir órdenes judiciales. El Decreto Legislativo estableció improbar la actuación del Presidente de la República y separarlo de su cargo.
3. Espíritu de cuerpo versus intereses partidarios
El Congreso Nacional ha asumido posiciones bastante homogéneas ante el golpe de Estado. Ha aparecido como un poder del Estado confrontado con otro poder del Estado, sin distinciones partidarias entre liberales y nacionalistas, aunque a nivel individual cada uno apuesta a sus propios intereses, como la distribución de cargos públicos en los siete meses que faltan para que el Presidente Zelaya termine su período presidencial, y la distribución de cargos en el Congreso Nacional, una vez que inicie el próximo gobierno. Los nacionalistas apostaron al golpe confiando que esta crisis ahondaría las diferencias del partido Liberal y les haría perder las elecciones de noviembre. Los liberales apostaron al golpe pensando que el control del gobierno por siete meses les permitirá disponer de recursos públicos para financiar su campaña y ganar los comicios de noviembre.
4. De candidato perdedor a presidente defacto
La pérdida de las elecciones primarias de su partido ante su opositor Elvin Santos, no fue un obstáculo para incorporarlo como socio menor en el proceso de golpe de Estado, porque esa alianza lo fortalecía frente al Presidente quien lucía aislado de su partido. El resentimiento generado como resultado de sus frustradas aspiraciones presidenciales por la vía legal, se vio compensado ante la posibilidad de ser presidente por la vía ilegal, como producto de un golpe de Estado.
F. LAS DEBILIDADES GENERADORAS DE LA CRISIS
Es indudable que la crisis político-institucional que desembocó en el golpe de Estado del 28 de junio, tiene raíces en la estructura del sistema político y en sus debilidades para enfrentar adecuadamente los retos que supone la construcción de la democracia en nuestro país, entre las cuales podemos señalar las siguientes:
1. Politización partidaria de las instituciones
Todas las instituciones del Estado son políticas por naturaleza, pero imprimirle un sello partidario excluyente, subordinado e irrespetuoso, traspasa los límites de lo aceptable y se convierte en una debilidad que puede convertirse en una amenaza para el fortalecimiento democrático. La falta de independencia y la limitación de la autonomía para desempeñarse frente a la ciudadanía se convierte en una fuerte debilidad que ha aflorado en esta crisis con dimensiones tan grandes que deben motivar a una profunda reflexión.
2. Candidatura presidencial de los Presidentes del Poder Legislativo
En los últimos años se ha observado una creciente tendencia a la confrontación entre los poderes Legislativo y Ejecutivo, particularmente en los dos últimos años de gobierno, cuando comienzan a definirse los precandidatos y candidatos a la Presidencia de la República. Un factor explicativo clave es el lanzamiento de las candidaturas presidenciales de los presidentes del Congreso Nacional que lleva al parlamento a poner distancia ante el poder Ejecutivo e inclusive confrontarlo, para obtener una mayor aceptación popular o para comenzar a ejercer el poder antes de obtenerlo. En años pasados se realizó una reforma encaminada a impedir que este tipo de candidaturas se pudieran lanzar sin antes haber renunciado a su cargo, pero la misma politización de las instituciones, en particular del Sistema Judicial, ha hecho que los dos últimos presidentes de ese poder del Estado hayan lanzado sus candidaturas a pesar de la prohibición derivada de una reforma constitucional.
3. Incapacidad política para lograr acuerdos
De manera creciente se ha observado la incapacidad política para articular consensos y alcanzar acuerdos, característica que libró en el pasado a nuestro país de los enfrentamientos bélicos que se produjeron en otros países de Centroamérica. Esta tendencia ha llegado a su máxima expresión en la crisis que condujo al actual golpe de Estado, situación que pudo evitarse si hubiera existido voluntad política para ceder en las dos partes en conflicto, mayor disposición a la negociación y mejor preparación para la solución pacífica de los conflictos.
4. Recurrencia a poderes arbitrales
Una gran debilidad del sistema político hondureño, muy vinculada a la anterior, es la constante búsqueda de poderes arbitrales para solucionar los conflictos. La recurrencia a las Fuerzas Armadas es la actitud que lo ha caracterizado históricamente, aunque esta decisión ha terminado siempre, como ahora, en golpes de Estado, luego de otorgarles un protagonismo político que no les corresponde. Una nueva manifestación de esta tendencia se expresa en la recurrencia a las iglesias como factor mediador y arbitral, papel que tampoco les corresponde por la condición laica del Estado hondureño. En este proceso de polarización y posterior golpe de Estado, las iglesias hondureñas, tanto la católica como las evangélicas, no sólo fallaron en su papel mediador sino que se inclinaron por una de las fuerzas en conflicto, exacerbando los ánimos e intensificando la polarización. Esta tendencia es negativa porque le concede protagonismo político a dos instituciones que no deben tenerlo porque ocupan y deben ocupar espacios que no deben estar contaminados por la política.
5. Cultura de la intolerancia, el irrespeto y la confrontación
Una característica relativamente nueva del sistema político hondureño es la intolerancia a los que son y piensan diferente; el irrespeto al otro, incluidas las máximas autoridades de nuestro país; y la tendencia a convertir diálogos en confrontación. Esta situación se ha observado con mucha preocupación en la crisis actual tanto en el ámbito político como en el ámbito social. Llama la atención que la confrontación llegó al límite, provocada y estimulada por los medios de comunicación de la alianza opositora, impregnando a la sociedad de lo que hasta ahora ha sido una característica de los medios de comunicación en general: ofensas, lenguaje soez, gritos, invasión de la privacidad, agresión, acusaciones infundadas. Todo ello se vio en este proceso, lo que imposibilita más la búsqueda de consensos y la solución pacífica de los conflictos.
G. UN GOLPE AL PROCESO DEMOCRÁTICO
Si no fuera por el drama provocado por el golpe de Estado, la detención y expulsión del Presidente de la República, la represión de manifestantes, las violaciones a las garantías individuales y los controles a la libertad de expresión, provocaría hilaridad la forma en que los políticos hondureños definen la democracia, el orden democrático y el fortalecimiento institucional. Mantienen el viejo concepto ideologizado de democracia que colocaba a los militares como sus máximos defensores, consideran orden democrático al castigo impuesto al Presidente de un poder del Estado por atreverse a desafiar al Congreso Nacional y denominan fortalecimiento institucional a la rapidez con que nombran a su sustituto y a su nuevo gabinete. La situación se volvería más hilarante si los escuchamos razonando sobre porqué lo sucedido no puede definirse como un golpe de Estado: no lo es, dicen, porque siguen existiendo los tres poderes, no se ha roto el orden constitucional y no hay militares al frente de las instituciones del Estado.
Los políticos hondureños le han dado un fuerte golpe al proceso de construcción democrática que se ha venido gestando en los últimos 28 años, demostrando intolerancia, irrespeto a la independencia de poderes, autoritarismo, ignorancia de los cambios que se han producido en el contexto internacional, ambiciones desmedidas, subordinación a los grupos económicos y un profundo irrespeto al Estado de Derecho.
Las Fuerzas Armadas se volvieron cómplices del rompimiento del orden constitucional y le provocaron un profundo daño a su imagen institucional, sustituyendo su condición profesional, apolítica y no deliberante, por la condición peyorativa de gorilas con que se les conocía hasta la década de los ochenta. Se sumaron al juego de los protagonistas de la alianza político-económica y mediática, y se convirtieron en instrumento para que ellos lograran sus objetivos y se quedaran con la gloria, mientras la institución se quedaba con la ignominia.
Todas las personas, grupos y políticos tienen derecho a apoyar o rechazar sistemas ideológicos que caracterizan a los países de nuestro continente; a lo que no tienen derecho es a imponer su criterio particular como criterio general de la sociedad, a impedir que un presidente termine su mandato constitucional porque no comparten con él sus simpatías personales con otros presidentes y a impedir que la ciudadanía sea consultada sobre cualquier tema, incluyendo la elaboración de una nueva Constitución. Manifestarse sobre estos y otros temas, es también un derecho de todos, pero expresar públicamente nuestras preferencias y gritarlas con toda la fuerza que podamos, no nos hace superiores a los otros.
• Consultar a la ciudadanía no puede ser nunca un acto ilegal: cuando los integrantes de la alianza política-económica y mediática asuman el significado de esta frase, será un gran indicador de avance en cultura política democrática.
• Reconocer y respetar la coexistencia de personas, partidos y países que son o piensan diferentes, será un gran indicador de que las Fuerzas Armadas hondureñas superaron su condición primitiva y atrasada.
• Emitir una opinión no implica obligatoriamente estar a favor o en contra, cuando la sociedad hondureña asuma este criterio, será un gran indicador de su capacidad para debatir y proponer.
Tegucigalpa, Honduras, 29 de junio de 2009
Como una demostración clásica de la verborrea populista, alba se propone aturdir con su “comentario”, para concluir en las afirmaciones de siempre. A su parecer se trata de sacrificar los pesos y contrapesos que dan vida a la República en el altar de la diosa democracia. Claro, cuando a los izquierdosos les conviene, olvidan la “democracia” que suelen practicar ( cuba ) y se convierten en los más fogosos defensores de debatir y proponer. Las bravuconadas de Chávez son la muestra más evidente de su “ideología”.
En respuesta a Margarita Montes: Como han dicho antes en este BLOG, golpe de estado, es básicamente, un sector del gobierno contra otro. Que en America Latina, tales golpes vengan acompañados de la suplantación del poder por parte de fuerzas militares, no exenta lo sucedido en Honduras. Como Hondureña puedo decir que el país se encuentra completamente militarizado: los medios de comunicación están amenazados, en su mayoría, las ciudades están siendo controladas por los militares y no la policía preventiva, y hay gente desaparecida. El alcalde de una de las principales ciudades, San Pedro Sula, se encuentra desaparecido desde el golpe. El gobierno argumenta que esta fuera del país, pero el hombre no se ha comunicado ni dado señales de vida. Así hay varios casos, y no solo de políticos que apoyaban a Mel. Se dice que ha habido secuestros en sectores rurales, de jóvenes, por parte de los militares, del cual no se ha dado ningún comunicado oficial. Todo esto después de que en cadena nacional, el Presidente provisional, anunciara la reinstitución del servicio militar obligatorio, el cual fue derogado desde 1994; en la misma cadena nacional, dijeron que tal moción era una broma. ¿Que seriedad se puede esperar entonces del gobierno provisional?
En cuanto a la acción de las fuerzas armadas, no había ninguna orden judicial que pidiera el arresto del presidente. Es un secreto a voces que tal orden apareció hasta el día lunes 29 de junio, 24 horas después de que la orden fuera ejecutada. Tampoco había ningún estado de derecho que restaurar, porque el mismo no había sido quebrantado todavía. Si el Presidente Zelaya hubiera instaurado un Auto-Golpe, entonces el Congreso y la Corte tenian el deber de arrestar y volver al orden democrático. Pero no tienen el poder para desestabilizar el orden social sobre una presunción sin bases, ni pruebas tactiles.
Alegan que pruebas contra el Presidente Zelaya hay, pero todas estas aparecen milagrosamente después que es extraditado del país. Si el Congreso hubiera puesto la demanda oficial a la Corte Suprema, y luego tomara medidas, la historia seria otra. Todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario.
Ahora bien, las fuerzas armadas siempre saldrán perdiendo en este caso. Ya que ambas disposiciones gubernamentales son una espada de doble filo. No me sorprendería que el presidente Zelaya consiga apoyo del mismo ejercito que lo saco. Lastimosamente, las fuerzas armadas solo han seguido órdenes, y son actuantes sin voz ni voto. La culpa acá es de los dos poderes del estado, tanto como el Ejecutivo como el Legislativo. El poder Judicial en Honduras es propiedad del que tiene mas poder adquisitivo, ya que sus elecciones son compradas, en su mayoria.
Ahora bien, concuerdo completamente con lo que Alba Molina nos muestra por parte de Leticia Salomón. Todos los actuantes tienen culpa en este circo de política hondureña. No es defender a uno ni al otro, como dijo, el fin no justifica los medios.
El Congreso Nacional hubiera actuado de manera correcta, con legalidad y orden de captura. Pero le dan todas las de ganar al presidente electo, al no realizar bien las cosas.
Además, con todas las atribuciones que están forzando sobre el pueblo, manteniéndolo bajo un yugo militar, le dan base a los organismos internacionales para juzgarlos erróneamente.
Hay que ver los antecedentes del Congreso y el Presidente: cada vez que el Presidente Zelaya hacia una propuesta de ley, siguiendo los lineamientos establecidos, era negada por el Congreso. Todo empezó por algo mas sencillo todavía que una cuarta urna electoral: Honduras no puede pagar el petróleo que consume. Buscando soluciones al asunto, el Presidente Zelaya presento varias soluciones, como promulgar la Ley de no circulación: un día a la semana, un vehiculo registrado no podía circular. Acaso no otros países vecinos, como México, tienen tales leyes?
El día era elegido por cada quien, a conveniencia, durante cierto plazo de tiempo. Estaban exentos de la ley los transportes públicos e institucionales (gobierno y hospitales). Honduras ahorraría millones de dólares en combustible, pero salían perdiendo los dueños de las gasolineras. Pero tal ley fue denegada, ya que chocaba con la ley de libre circulación.
Habiendo no otra salida, se tuvo que recurrir a negociaciones con PetroCaribe y el Alba.
El Congreso Nacional de Honduras no tiene ninguna base para reclamar lo que Manuel Zelaya es hoy en día. Ellos han empujado tal situación con su intransigencia al progreso, y negación a la expresión del poder ejecutivo. Zelaya no seria un populista hoy en día si el Congreso dijera que si de vez en cuando.
Lastimosamente, esta situación no es de este mes. Ha venido desencadenándose desde el problema con el petróleo, haciéndose más fuerte desde el año pasado y volviéndose en una sociedad ingobernable. Zelaya no esta exento de culpa, pero en el juego de poder, ha venido perdiendo desde un principio. Lo único es, que el hombre lo ha sabido aprovechar a su conveniencia y a pesar de todo, algo ha logrado.
En una respuesta más parcializada que la anterior, en Honduras, nadie quiere a Roberto Micheleti. El hombre perdió elecciones internas en su partido democrático y eso que se sabe que el hombre compro urnas durante el proceso. Esta era su única forma de llegar a la presidencia del poder ejecutivo.
Si tiene apoyo, es porque quito a Manuel Zelaya, y siempre ha vigiado los intereses de la clase alta. Léase turcos y demases.
Buenisimo el artículo, de hecho creo que de los mejores en el blog.
saludos fraternos, MC
Mark,
Thanks for this favorable review and the reference toward the BLOG!
Han sido unos días triste y nefastos para la democracia en nuestro continente latinoamericano , en Honduras todas las partes han pasado por encima de la leyes y la constitución y están enseñando al pueblo que el fin justifica los medios, cuando en democracia eso es totalmente falso.
Es triste ver como se forman bandos quien tiene la razón, cuando ninguna de las partes ha hecho las cosas de forma correcta en democracia, donde el único perjudicado va a ser el pueblo de Honduras.
Hermanos Hondureños lo que ha pasado antes, durante y hasta el 4 de julio de lo que fuera golpe o no, NO ES DEMOCRACIA.
Como todas las partes han infringido la ley por el bien del país creo que lo único que yo le veo salida, es un tratado de no agresión de todas las partes y que se hagan unas nuevas elecciones, dirigidas y vigiladas por la ONU para que sean en total transparentes, esta es mi humilde opinión, y que el resultado sea respetado y aceptado por el pueblo y así termine todo este mal momento para Honduras.
Por lo visto el pueblo de Honduras todavía no sabe que es vivir en democracia y respetar la democracia, por que por lo visto allá el bando que sea, acomoda las cosas a su conveniencia.