por Carlos A. Mendoza, CABI

En reacción a la crisis financiera, y a partir de las lecciones aprendidas de la misma, el Gobierno de los Estados Unidos (EEUU) se propone, como prioridad, impulsar una cultura de respeto y protección de los derechos de los usuarios del sistema financiero. Dicha cultura estaría caracterizada por valores como el aprecio y ayuda a los usuarios, por parte de los agentes reguladores y de las mismas empresas del sistema financiero, buscando relaciones equitativas entre oferentes y demandantes de productos y servicios financieros, para evitar los abusos que se han detectado en el pasado y otros que podrían darse en el futuro. Sus principios son transparencia, simplicidad, equidad, rendición de cuentas, y acceso a los mercados.

El plan de acción para lograrlo se encuentra en el documento elaborado por el Departamento del Tesoro de los EEUU y titulado “Financial Regulatory Reform. A New Foundation: Rebuilding Financial Supervision and Regulation”. En las páginas 55-75 se trata lo relacionado a la protección de los consumidores (o usuarios) del sistema financiero y de los inversionistas respecto a los abusos por parte de empresas financieras reguladas y no reguladas, haciendo especial énfasis en las emisoras de tarjetas de crédito (por sus contratos abusivos) y las de hipotecas (sobre todo las no afiliadas a bancos, por ubicarse en “tierra de nadie” desde el punto de vista legal).

El análisis post-crisis desnuda las debilidades del sistema regulatorio estadounidense: muchas agencias federales y estaduales (de los Estados de la Unión Americana) y varias leyes, pero sin suficientes herramientas y poder para evitar fraudes y abusos, sobre todo en el mercado de hipotecas subprime. Los vacíos legales y las debilidades institucionales, como la escasa rendición de cuentas de las agencias reguladoras, se vieron magnificados por conflictos de jurisdicción entre los niveles federal y estadual. Lo cual fue aprovechado por las compañías de hipotecas y otras empresas fuera del sistema bancario regulado, quienes ofrecieron productos y servicios muy complejos e inadecuados para los clientes (porque no se ajustaban a la realidad financiera de los mismos).

Cuando todo se derrumbó, se tomaron algunas medidas de emergencia (aunque tarde, por ejemplo, actuó la Reserva Federal). Sin embargo, se reconoce la necesidad de hacer una reforma integral que garantice la protección de los usuarios del sistema financiero en el largo plazo. Por ello, el Gobierno de los EEUU propone la creación de una nueva agencia federal con suficiente poder y autoridad para asegurar la efectiva aplicación de la legislación que garantice la justa protección de los usuarios del sistema financiero. El nombre propuesto es “Consumer Financial Protection Agency”. Dicha agencia tendría como objetivos principales los siguientes: llenar los vacíos legales existentes otorgándosele poder para emitir reglas, mejorar la coordinación con las agencias estaduales en materia de supervisión, elevar los estándares de los intermediarios financieros gracias a la autoridad que tendría para examinar el apego de estos a la ley, y a la capacidad para castigarlos administrativamente por sus violaciones a la misma. Todo ello sin menoscabo alguno de las atribuciones del Fiscal General, en materia criminal (penal), ni sustituyendo funciones de la Securities and Exchange Commission (SEC) en productos y servicios de inversión ya regulados.

El objetivo no es más regulación, sino mejor regulación. Pues se considera que la protección de los usuarios del sistema financiero es fundamental para darles confianza en el mercado financiero y así favorecer la estabilidad del mismo, lo cual provocará crecimiento económico, eficiencia e innovación productiva (no el tipo de innovación que simplemente busca las ganancias en el corto plazo y el liderazgo en el mercado a costa de los derechos de los usuarios del sistema financiero).

Continuaré…