por Carlos A. Mendoza, CABI

Hace tres años miles de guatemaltecos fueron sorprendidos por la suspensión de operaciones del Banco del Café, S.A. (Bancafé). Para los usuarios de sus servicios y productos locales la experiencia no fue tan traumática porque el Estado decidió respaldar en un cien por ciento todos los depósitos, a pesar que la Ley de Bancos y Grupos Financieros (Decreto 19-2002) establece que el Fondo para la Protección del Ahorro únicamente debería cubrir hasta un monto de veinte mil quetzales, o su equivalente en moneda extranjera, por persona individual o jurídica (Artículo 87). Seguramente la coyuntura electoral y otras consideraciones políticas jugaron un papel importante a favor de los ahorristas e inversionistas. (*)

Sin embargo, para los clientes de la entidad fuera de plaza (off shore) de Bancafé, denominada Bancafe International Bank Ltd., hoy se cumplen tres años de un verdadero calvario de incertidumbre respecto a la recuperación de sus recursos. Como se sabe, Bancafe International fue constituido en Bardados y, por lo tanto, su proceso de liquidación se rige por las leyes de ese país. Allí una Corte nombró como custodio a PriceWaterhouseCoopers, E.C. Inc. (PWC). Desde entonces, los afectados han tenido que lidiar con esta empresa, que habilitó un sitio en Internet para comunicarse con ellos:

http://www.pwc.com/bb/en/car/bib/index.jhtml

En dicho sitio se puede dar seguimiento al complejo proceso de recuperación de activos y a las rondas de redistribución de los mismos a favor de los depositantes. Según informa PWC, al 16 de julio del 2009, la primera distribución ascendió a US$27.8 millones (con ella se cubrió los reclamos iguales o menores a $2,500 y más del 10 por ciento de los reclamos mayores a $2,500). Se espera que la segunda distribución sea de aproximadamente US$8.0 millones (equivalente a un 4.5 por ciento de los saldos no pagados).

Lamentablemente muchos de los afectados todavía no han recibido ni un solo centavo de sus reclamos. Cuando van a revisar los listados donde se “informa” del estatus de su cuenta se encuentran, simplemente, con una serie de “códigos de decisión” que no les proveen de suficiente información sobre el problema que enfrenta su reclamo. Por ejemplo, el código 6 que dice “decisión diferida” y en la causa de ello dice “otra”. Hasta en esta última actualización del estatus, PWC afirma que se está avanzando en la investigación de estos reclamos, pero no hay comunicación directa con los afectados para pedirles datos adicionales (si es que se requieren) o para clarificar la causa específica del retraso en el desembolso. Esto es una tortura para las personas que, cada día que pasa, ven con mayor pesimismo la recuperación de su dinero.

Por otro lado, la impunidad continúa reinando respecto a los responsables de esta situación.

Noticia aparecida en Prensa Libre (20 octubre 2006)

(*) Ver monto de cobertura del FOPA en comparación con otros países AQUÍ. Esto debería ser motivo de debate en el Congreso de la República ahora que se estudia una nueva reforma a la Ley de Bancos