Por Carlos A. Mendoza, CABI
 

Me alegra saber que el resultado de las elecciones no fue disputado y, por lo tanto, el perdedor reconoció inmediatamente la voluntad de la mayoría de quienes acudieron a las urnas.
 

El ganador, sin embargo, no tiene mucho tiempo para celebrar su victoria. Los retos que se le presentan son formidables.
 

Además de combatir la pobreza y la inseguridad, el Presidente electo deberá lidiar con un Congreso sumamente fragmentado. Su partido, la UNE, sólo cuenta con 51 diputados de un total de 158. Es decir, el 32 por ciento de la Asamblea Legislativa.
 

El Partido Patriota, el perdedor, tampoco podrá ejercer una verdadera oposición en el Congreso porque únicamente cuenta con 29 diputados, el 18 por ciento de la Asamblea. Por lo tanto, el 50 por ciento restante de los diputados militan en otros partidos. Lo cual complicará las negociaciones para aprobar leyes claves provenientes del Ejecutivo.
 

Este es un típico problema de los regímenes presidencialistas. El conflicto entre dos poderes del Estado con amplia legitimidad proveniente del electorado puede conducirnos a crisis institucionales, como ya ocurrió en 1993. Sin ir tan lejos, basta recordar que el gobierno saliente no pudo realizar muchos de sus planes debido a la oposición en el Congreso.
 

El fantasma de la violencia electoral también está asociado con el sistema presidencialista, porque el ganador se lo lleva todo y el perdedor (aunque haya obtenido más de 1.2 millones de votos, como en este caso) se queda sin poder alguno en el Ejecutivo. Entre más valioso sea lo que está en juego, mayor el incentivo para el uso de la coerción y el engaño.
 

En nuestro aprendizaje cibernético de la vida en democracia, es importante tener conciencia de las limitaciones de nuestra matriz institucional. A veces, no son los jugadores los que crean los problemas, sino las reglas del juego que heredamos.