¿Es posible el Desarrollo Sostenible en Guatemala?

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por Iván Morales, Autor Invitado

El pasado domingo 11 de abril, Prensa Libre publicó una interesante encuesta sobre la percepción ciudadana de la situación ambiental del país (ver aquí). Muy acertadamente, la mayoría de los encuestados mostraron una seria preocupación por el deterioro de la naturaleza, identificando como principales los problemas ambientales: la destrucción de la cobertura boscosa, la proliferación de basureros clandestinos y el agotamiento del agua.

La progresiva degradación ambiental en el país ocurre principalmente debido a la alta tasa de crecimiento demográfico y a los cambiantes patrones de consumo de la población, que al incrementar, demanda cada vez un mayor número de bienes que en última instancia provienen de los recursos naturales.

A esta presión sobre los recursos naturales, se suma el impacto que causan sobre el medio ambiente los procesos agrícolas e industriales. En muchos casos, las malas prácticas en los procesos generan un degaste de recursos vitales como el agua, los bosques y la tierra, los cuales se regeneran a un ritmo más lento del que son explotados.

Ante el abordaje de ésta problemática es donde el concepto de desarrollo sostenible como eje de política pública toma relevancia, entendiéndose por éste, la promoción de un tipo de desarrollo que utilice los recursos disponibles en el presente, sin comprometer su existencia en el futuro.

De acuerdo a la encuesta, a la fecha la población reconoce como insuficiente la gestión del Estado para enfrentar el problema (ver aquí) y por ello demandan la promoción de mayor regulación y prohibición estatal en el manejo de los recursos.

Lastimosamente éste enfoque de intervención por parte de las instituciones públicas ya ha sido aplicado, las regulaciones existen (al menos en el papel), sin embargo al centrarse en la prohibición legal al uso de ciertos recursos naturales, no toman en cuenta las necesidades que existen en cada territorio, y principalmente obvian la dependencia que muchas poblaciones viviendo en condiciones de pobreza tienen en el uso de esos recursos para su supervivencia.

Las políticas ambientales impulsadas por el gobierno fracasan, entonces, principalmente por: a) no tomar en cuenta las condiciones económicas y sociales de las áreas con importancia ecológica y buscar su protección de manera aislada y b) enfocarse únicamente en restricciones legislativas que en las mayorías de los casos el gobierno mismo no tiene capacidad de hacer cumplir.

Por ello, estoy convencido que el problema ambiental y de recursos naturales es un problema que debe ser abordado desde una perspectiva económica. La “ciencia” económica tiene mucho que decirnos al respecto de los problemas ambientales y cómo abordarlos. Principalmente propone un cambio en el rol de un gobierno prohibitivo, hacia el de uno facilitador de mecanismos que generen incentivos económicos por la conservación del ambiente.

A mi criterio, de generarse ese cambio en el direccionamiento de las políticas públicas, es posible alcanzar un proceso de desarrollo sostenible de país. En sucesivos posts me dedicaré a explorar desde un enfoque de economía ambiental algunos interesantes mecanismos para lograrlo.

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Carlos Mendoza

Economista y politologo centroamericano, nacido en Guatemala.

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