Por Miguel Gutiérrez
La crisis financiera alrededor del mundo ha desnudado fortalezas y debilidades de los países, los gobiernos, las empresas y las personas. En Europa las debilidades se focalizaron en los gobiernos deficitarios y clientelistas, así como las fortalezas se hicieron evidentes en países más transparentes y disciplinados como Alemania y Francia. En EE.UU. las debilidades se focalizaron en una banca poco regulada y muy apalancada (endeudada) y las fortalezas en un aparato productivo musculoso y flexible (como su mercado laboral por la mano de obra hispana).
América Latina y Centroamérica no es la excepción, países fuertes y disciplinados como Chile, Perú y Brasil hicieron gala de fortaleza, así como Centroamérica de debilidad, particularmente El Salvador y Guatemala.
En Guatemala se hicieron evidentes las fortalezas y debilidades. Por un lado, un sector agrícola que ha incrementado su productividad de forma después de la crisis café en el año 2001 y un sector industrial que se ajusto rápidamente a pesar de la negación por parte de las autoridades de la crisis y la recesión de los años 2008 y 2009.
Donde el país tiene una clara debilidad es en sector público. Uno de los grandes problemas del país es un Estado disfuncional, una limitante determinante para que el país pueda crecer e incluir a todos los guatemaltecos en ese crecimiento incluyente.
No existen recetas mágicas para crecer al 8% o al 9% y reducir la pobreza modificando una Ley o varias, o escoger sectores a impulsar y que estos jalen las economías; estos enfoques han quedado desacreditados hace mucho tiempo. Hacer bien lo primero que hay que hacer es un reto que Guatemala no ha logrado abordar, ni siquiera a nivel conceptual y allí hay una responsabilidad de lo que se podría llamar elite pensante del país en materia económica como tanques de pensamiento y fundaciones de investigación, con acotado atrevimiento de señalar donde radican los problemas del país de forma directa y concreta en materia fiscal como monetaria, entre otros.
Se necesita que el Estado haga bien las cosas y contar con una política fiscal coherente para poder reducir la pobreza y generar desarrollo, sin dar este paso cualquier plan o propuesta se vuelve un deseo etéreo, romántico y sin sentido; una pérdida de tiempo, varias experiencias existen al respecto.
El centro del problema público hoy radica en: QUE EL PODER EJECUTIVO QUIERE LEGISLAR Y EL PODER LEGISLATIVO QUIERE EJECUTAR; y para ello ha pasado por encima de la Constitución y de la Ley Orgánica de presupuesto cada año.
Por Ejemplo, El Congreso de la Republica está facultado para aprobar o no los límites máximos de presupuesto, donde el presupuesto de ingresos es el piso, lo mínimo con lo que se puede operar y el de gastos es el techo, lo máximo que se puede gastar, nada más. . El Congreso está facultado solamente para aprobar o improbar los techos de gasto. El célebre listado geográfico de obras se hace a través de una distribución analítica que se aprueba a través de un acuerdo gobernativo.
Sin embargo, en el Congreso se decide todo y se dice que el Listado Geográfico de Obras, por ejemplo, es un anexo del presupuesto y es allí donde se burla la Constitución y la Ley, utilizando a los Consejos de Desarrollo (que no pueden ejecutar presupuesto ) para triangular obras que ejecutan las propias municipalidades y la ONG´s vinculadas, recibiendo más recursos que los que contempla la Constitución y el IVAPAZ, y los recientes prestamos del país se han canalizado en este tipo de obra, destruida ya gran parte por las lluvias al no cumplir con requisitos mínimos de obra y nadie quien pueda supervisar.
De forma abierta el Poder Legislativo se ha convertido en ejecutor de Obra violentando los principios constitucionales, y como tiene el poder de definición del gasto público (ilegalmente) ha venido cada vez adjudicando recursos en este tipo de obras, desde los celebres tiempos del Pacur, pero hoy en condiciones que están conduciendo al Estado a un desastre y crisis financiera.
Es por ello que, con cada gobierno, el Ministerio de Finanzas Publicas cada vez se encuentra más debilitado política y técnicamente, y los Ministros de Finanzas paulatinamente se han convertido de Gerentes Financieros del País a cajeros del gobierno de turno, derivando en una gestión financiera pésima y culposa.
De allí deriva el deterioro del poder público y la crisis financiera de la gran parte de Ministerios. Vea las emergencias con desastres naturales y el desabastecimiento de medicinas tienen al borde del colapso al sistema de salud; un país donde los policías no cuentan con papel higiénico en las estaciones, comisarias y serenazgos; y tienen que utilizar noticias, publicidad y columnas de opinión como la presente para atenderse.
Con todo esto la película sigue. Hoy se está llevando un acuerdo político en el Congreso de la Republica, de aprobar una serie de préstamos, alrededor de US$ 400 millones de deuda nacional, la mitad para atender deuda pública y la otra mitad, US$ 200 millones para el pago de planillas (que requiere de la creación de techo presupuestario que no existe, es decir, aumentar el presupuesto). El aprobar los préstamos y no modificar los techos presupuestarios quiere decir que los recursos no se van a planillas sino a obras a ser “ejecutadas” por ONG´s, es decir, aumentar la deuda del país para que el Poder Legislativo ejecute obra a través de ONG´s. Los economistas de este país tienen hoy la responsabilidad de señalar que:
1. El impago de planillas coloca al gobierno entrante en condiciones políticas y financieras delicadas frente a los servidores públicos (maestros y médicos)
2. El aprobar estos préstamos en estas condiciones coloca al gobierno en condiciones mucho más complicadas frente a los organismos multilaterales erosionando su credibilidad y posibilidades de apoyo técnico y financiero en el futuro.
3. Es una mala señal de las voluntades de la clase política en torno a los destinos del gasto público, complicando cualquier tipo de propuesta o negociación de mejora de ingresos tributarios, colocando al próximo gobierno en una situación más difícil para balancear el gasto y los ingresos.
4. El gobierno entrante tiene que reordenar la deuda para lo cual tiene que ordenar el gasto público y los ingresos. Aprobar estos préstamos en esas condiciones desordena aun más las finanzas públicas y generará nuevos retos para el gobierno en materia de renegociación de deuda.
En resumen sería una pésima señal de la clase política aprobar los prestamos en estas condiciones y para esos fines, ilegitimando cualquier propuesta de solicitud de ingresos adicionales, y surge una pregunta ¿Que tenemos los economistas que decir al respecto?
Ultimos Comentarios